El presidente Enrique Peña Nieto y el secretario general del SNTE, Juan Díaz de la Torre. Foto Notimex

Fernando Acosta.- “México sigue siendo una nación en conflicto”, destacó José Gómez Sandoval, autor del libro Altamirano para cuentacuentos, al realizar su presentación el pasado mes de febrero en Chilpancingo. Ignacio Altamirano, destacado luchador social durante la guerra de Reforma, político juarista y profesor comprometido con el pueblo de México en las escuelas de Comercio, de Jurisprudencia y Nacional Preparatoria; entre 1865 y 1878 fue reconocido como Maestro. Recientemente ha sido recordado durante los festejos y protestas del tradicional 15 de mayo en que se reconoce a los educadores.

La patria de Altamirano sigue en conflicto, 120 años después de su fallecimiento, porque un grupo oligárquico ha decidido, desde 1983, que la educación de calidad sea cada vez más un proyecto elitista, mientras la corrupción, el crimen y la ignorancia continúan en ascenso en el llamado país de “la modernidad”, “el cambio”, donde se realizan “innumerables esfuerzos para que todos los ciudadanos vivan mejor”, la nación que es el escenario del futuro, “gracias a las reformas que tienen a México en movimiento”.

En mayo de 2013, Juan Díaz de la Torre, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) felicitó al telepresidente Enrique Peña Nieto por “impulsar la transformación de México”. El dirigente gremial, considerado hasta hace unos meses, “el brazo derecho de la señora Elba Esther Gordillo”, aseguró en la residencia oficial de Los Pinos ante su amigo Emilio Chuayffet, secretario de Educación Pública, que los dirigentes del SNTE “han respaldado el desarrollo del país”. Por eso, ahora ayudarán a concretar “la reforma educativa que está en curso” en México.

Díaz de la Torre, quien se graduó de profesor normalista en 1973, trabajó en escuelas de Zapopan, Jalisco, obtuvo una maestría en Pedagogía en el año 1983 en la Escuela Normal Superior de Nayarit, ha estado cercano al poder y ha gozado de los privilegios desde la época en que Carlos Jonguitud Barrios creó el grupo denominado Vanguardia Revolucionaria, que se convirtió en el brazo armado para reprimir a los disidentes del magisterio. En 1989, cuando el gobierno de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) impuso a Elba Esther Gordillo en la dirigencia del SNTE, Díaz de la Torre se acercó a La Maestra y llegó a convertirse en su secretario particular, en su “hombre de confianza” pues en 2010 y en 2011, él firmaba varios de los cheques para que la dirigente pudiera ejercer sus gastos calculados entre 7 y 15 millones de pesos mensuales. Esta es una muestra de cómo los dirigentes del SNTE se han sacrificado “para respaldar el desarrollo del país”.

A diferencia de Ignacio Altamirano, quien se opuso a los círculos conservadores y reaccionarios para estar en la lucha junto a Benito Juárez, el señor Juan Díaz de la Torre ha servido a través de La Maestra a dos gobiernos retardatarios, fraudulentos y criminales: los regímenes neoliberales de Vicente Fox Quesada (2000-2006) y Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012). Durante la administración del usurpador Calderón, precisamente hace 5 años, las y los poderosos del SNTE y del Partido nueva Alianza (Panal) apoyaron la llamada Alianza por la Educación cuando Josefina Vázquez Mota, entonces secretaria, habló de revolución educativa. Panistas y priístas utilizan la palabra revolución para hacer la contrarrevolución. Lo hizo Jonguitud Barrios, a nombre del PRI, con su grupo criminal denominado Vanguardia Revolucionaria y Josefina Vázquez Mota, “promotora de la revolución educativa” a nombre del PAN, unos años después como candidata a la presidencia de la República al proponer que México tuviera agentes militares eficaces como los carabineros del dictador chileno Augusto Pinochet Ugarte (1973-1990).

Muchas de las profesoras y educadores que alguna vez leyeron la novela Clemencia de Altamirano, así como sus reflexiones publicadas en El Correo de México, revista que fundó con Ignacio Ramírez y Guillermo Prieto, saben que la actual reforma educativa promovida por el telepresidente Enrique Peña Nieto, aplaudida por la dirigencia del SNTE, las televisoras Azteca y Televisa, así como los voceros de la oligarquía, es un proyecto elitista que busca recortar hasta llegar a suprimir los principales derechos de los trabajadores de la educación.

El país culto, educado y progresista que soñó Ignacio Altamirano, autor también de El Zarco, publicado en 1901, es víctima de la desinformación y los engaños de un grupo poderoso que ha ido convirtiendo a México en escenario de crímenes e intimidaciones. El ilustre guerrerense sugería a sus contemporáneos, durante la segunda mitad del siglo XIX, superar la dependencia de los modelos europeos, encontrar un estilo y una temática autóctonos, recuperar la historia y analizarla, valorar lo indígena y disfrutar el paisaje nacional en una patria para todos.

La dirigencia del SNTE confunde el progreso mexicano con la imposición de reformas educativas y laborales acordes a los intereses de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE). Las y los ciudadanos libres que no aceptan la manipulación del sistema y cuestionan sus abusos comprenden la importancia de fortalecer la movilización del magisterio para defender la educación pública. Ha sido una tarea larga y difícil. Necesita también el apoyo de los padres de familia y de todo hombre y mujer honestos y convencidos de que la educación no puede convertirse en un negocio para el disfrute de la élite, como lo acepta Juan Díaz de la Torre en 2013, sino que deberá convertirse en la práctica, junto con la salud, en un auténtico derecho para la población como lo soñó Ignacio Altamirano en 1868, hace 145 años.

En nada abona al propósito de generar credibilidad y confianza el que Peña haya designado a la ex titular de la Procuraduría General de la República (PGR) Marisela Morales Ibáñez, para encabezar un consulado de carrera en Milán, Italia, pues a pesar que aquí adelantamos hace tiempo que ella estaría en el equipo del nuevo gobierno por haberle apoyado, tras conocerse las pifias en su labor como titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Siedo) y después a cargo de la PGR, al ordenar incluso fabricación dolosa de pruebas en contra de los generales Tomás Ángeles Dauahare, Roberto Dawe y Ricardo Escorcia Vargas, así como de varios ex altos mandos de la propia PGR, Interpol México y Policía Federal, lo que es sin duda delito grave contra la justicia pero ahora no sólo se le perdona, sino que además de impunidad tiene protección y la mandan de cónsul nominal, porque así evitan que deba pasar por la ratificación que el Senado debe hacer por ley en relación a los nombramientos de embajadores y cónsules generales. El tema es un golpe a los funcionarios de carrera del Servicio Exterior Mexicano, que para acceder a un consulado deben cursar años de estudios, pasar imbricados exámenes, trabajar años en sedes consulares y tareas burocráticas, antes de poder acceder a responsabilidades de titularidad consular.

Urge generar mayor seguridad y atenuar la corrupción castigando casos conocidos y denunciados penal y socialmente, apremia se resuelva el conflicto entre el titular de la PGR Jesús Murillo Karam, y la subprocuradora jurídica Mariana Benítez Tiburcio, coincidentemente hermana de #ladyProfeco, que los mantiene enfrentados con Alfredo Castillo Cervantes, subprocurador de Control Regional y Amparo de la PGR, para que logren ponerse de acuerdo y culminen la reingeniería de la PGR, que sigue incompleta y en caos.

Es necesario se establezca en forma ordenada, legal y coherente la Gendarmería Nacional, quedando definidas sus tareas y responsabilidades frente a las que tiene la Policía Federal; así como que funcione ya la Agencia Nacional Anticorrupción y sean efectivas las acciones como las que emprenden contra el ex dirigente nacional panista Cesar Nava, a quien el gobierno acusa de tráfico de influencias para enriquecerse a costa de favorecer a una empresa en agravio de Petróleos Mexicanos; procesar al ex gobernador priísta de Tabasco Andrés Granier Melo, señalado de enriquecimiento ilícito y dejar a su entidad en bancarrota, mientras –según su propio dicho– es poseedor de una gran fortuna y cínicamente alardea poseer 400 pares de zapatos, 300 trajes y mil camisas, que reconoció aceptar pese a que cuando lo “confesó” estaba borracho, haciendo honor al dicho de que los “niños y borrachos siempre dicen la verdad.

Michoacán se convirtió en un problema de seguridad nacional por la violencia imparable, infestación de diversos cárteles de narcotraficantes, más la delincuencia ordinaria, los conflictos entre grupos paramilitares de autodefensa y guardias privadas y los diferendos entre gremios enfrentados al gobierno local, por lo que ya tomó el control el gobierno federal, pues el gobernador interino Jesús Reyna ha quedado supeditado a las indicaciones del secretario de Gobernación, y como muestra, la designación del nuevo secretario de Seguridad, el general Alberto Reyes Vaca, que estará a cargo de las fuerzas estatales y federales de protección ciudadana, al tiempo que se designarán delegados plenipotenciarios dependientes del citado general para controlar totalmente las fuerzas de seguridad en cada municipio, en lo que quizá sea ahora sí un plan piloto, que de funcionar sería establecido en muchos o la mayoría de estados del país, especialmente los que más conflictos tienen.

No canta mal las rancheras Jalisco, ya apuntamos las estadísticas que de diversas fuentes oficiales se tienen y que enmarcan la grave problemática delincuencial que se sufre y ahora es el Centro de Investigación para el Desarrollo, A.C. (CIDAC) quien revela en un estudio que la entidad ha pasado de afectación moderada a muy grave en delitos de alto impacto como robos violentos, homicidios, secuestros y extorsiones, por lo que deberá intensificarse el trabajo de coordinación entre la Fiscalía General del estado y las autoridades municipales que ya anunciaron los convenios para concertación y mando único en relación a la prevención, investigación y reacción inherente a ilícitos graves, con la creación de una fuerza única metropolitana, a partir de la aportación de elementos policiales por cada uno de los ayuntamientos que integran la zona conurbada de Guadalajara y otra fuerza especial para los mismos fines en relación al resto del estado, donde también ha crecido la delincuencia y existe abandono paulatino de empresarios que huyen ante la inseguridad que priva.

El problema es que ya dijo el gobernador Aristóteles Sandoval, que se requieren al menos 600 millones de pesos y no existe de momento liquidez para invertirlos, por lo que se está a la espera del respaldo del Ejecutivo federal, mientras aún hay asuntos pendientes como la creación del reglamento de la Fiscalía General y resolver la problemática de certificación absoluta del personal, que está inconclusa.

En tanto, los municipios trabajan en eficientar sus recursos humanos y materiales, buscando funcionen sus esquemas anti pandillerismo y contra la delincuencia ordinaria, el temor es que la ola de incremento delictivo y caos que existe en Oaxaca, Guerrero, Michoacán, y la que ya se percibe en Colima y Jalisco, sería el apetitoso pastel del que querrá apoderarse el hampa, lo que podría propiciar una intervención federal tan rigurosa como en Michoacán, pues para muestra basta recordar que aún no se sabe nada, ni a las autoridades locales les han informado, sobre las causas y consecuencias del peligroso operativo anti narco que la Marina realizó el 10 de mayo pasado en la Plaza Andares en Zapopan.

Migrantes a bordo de La Bestia. Foto La Jornada Jalisco

Eduardo González Velázquez.- Una precaria condición económica juega las veces de catapulta que lanza a millones de personas en busca de un futuro a través de la migración. En este contexto el migrar no es una decisión, una elección, a querer o no los ciudadanos sumergidos en la urgencia económica no deciden moverse, sòlo lo hacen. Hasta hace algunos años la tabla de salvación para los exiliados económicos parecía estar en las economías desarrolladas del centro alejadas de la extensa periferia. Sin embargo, ahora las cosas están cambiando y experimentamos un aumento en la migración al interior de los países, sean éstos de economía desarrollada o de economía emergente o en vías de construir algo.

El escenario mundial de la migración a lo largo del siglo XX fue dominado por el cruce de fronteras entre las naciones; los habitantes de un país periférico al encontrarse imposibilitados para cubrir sus necesidades de supervivencia migraban a otros países con mayores recursos. Hoy por hoy, sin que ese patrón migratorio deje de existir, incluso continúa creciendo, asistimos a una explosión migratoria al interior de los Estados nacionales.

La numeralia de la desbandada llama poderosamente la atención: 381 millones de personas adultas migraron dentro de las fronteras de sus propios países entre 2011 y 2012. La cifra supera los 214 millones de migrantes internacionales que existen en el planeta. Los países que presentan mayor migración interna son Nueva Zelanda, con 26%; Estados Unidos 24; Finlandia 23; y Noruega 22%. La migración interna se concentra en los adultos jóvenes, alrededor del mundo 10% de las personas de entre 15 y 29 años se mudaron en los últimos cinco años a otra localidad dentro de su país. Lamentablemente estos migrantes internos tienen mayor probabilidad de acceder a empleos con menores salarios en Latinoamérica, la Unión Europea, Australia y Nueva Zelanda (La Jornada, 16 de mayo de 2013).

La intensa movilidad de la población sea de un país a otro o en el interior de la territorialidad nacional comienza a construir una explosiva mezcla social al entrar en contacto con las duras condiciones económicas de las naciones más desarrolladas: para este año el crecimiento económico de Estados Unidos alcanzará poco más de dos por ciento; la zona euro volvió a caer en recesión durante el primer trimestre del año, con lo que llegan a quince meses consecutivos con números rojos la mayoría de sus integrantes. Esta semana la novedad fue Francia que oficialmente entró en recesión. Por su parte, en España aumentó la pobreza al menos ocho por ciento en los pasados cinco años, y las personas que llevan más de un año desempleadas se multiplicaron por siete de 2006 a la fecha.

Muchos países otrora con economías fuertes habían optado por cerrar la entrada a miles de migrantes, o criminalizar su estancia, o hacerles más difícil el ingreso, o recibirlos en condiciones de “ilegalidad” para obtener un beneficio económico mayor al momento de contratar esa mano de obra dócil y calificada. La paradoja de todo ello es que ahora los ciudadanos no están migrando solamente hacia fuera de sus países, ahora lo realizan al interior de sus fronteras, lo que puede generar un choque de trenes de consecuencias mayúsculas. Es decir, en un país como Estados Unidos se podrán encontrar frente a frente en busca de un empleo el migrante llegado de México o Centroamérica con el migrante estadunidense que se movió de una ciudad a otra del vecino país. La misma situación podrá presentarse en Europa con los millones de jóvenes desempleados y los migrantes africanos y latinoamericanos que diariamente llegan al viejo continente. Esta realidad necesariamente acarreará una precarización mayor de las condiciones de vida de los migrantes sean nacionales o internacionales.

La creciente migración al interior de los países ricos y pobres lanza la alerta por una población acorralada debido a la creciente desigualdad social y la ofensiva concentración de recursos y oportunidades en muy pocas manos. Frente a esta situación no debemos llamarnos a sorpresa si al interior de los países se comienzan a levantar muros para detener el flujo de millones de connacionales desposeídos que exigen un lugar para vivir.

En esta entrega trataré de desarrollar algunos de estos planteamientos, ordenados en tres grandes bloques para ayudar a la reflexión y el debate de los mismos. Ahora bien, si el Congreso de Jalisco toma en serio su papel y no se deja llevar por las negociaciones por debajo de la mesa, deberá tomar en cuenta en este proceso de elección de los nuevos consejeros las discusiones que se están suscitando alrededor de esta decisión.

Existe un grupo importante de articulistas en la prensa escrita, de líderes de opinión en la radio, de grupos empresariales y de colectivos ciudadanos que demandan a los diputados fundamentalmente dos cosas: primero, que el proceso de elección de los consejeros sea pulcro, transparente, apegado a derecho y tomando en cuenta a todas las voces y los intereses de la sociedad jalisciense. La segunda demanda –que sería una derivación de la primera– es que el consejo se renueve en su totalidad para dar paso a perfiles auténticamente ciudadanos, esto implicaría que los nuevos consejeros no tuvieran un padrino político o un partido al que le deban el nombramiento y por lo tanto estarían libres de cualquier tipo de compromiso. Si el IEPC fue hecho para salvaguardar los derechos políticos de los ciudadanos (no de los partidos), entonces son los propios ciudadanos los indicados para lograr este propósito. A estas demandas yo agregaría la necesidad de conformar un consejo donde haya presencia de mujeres que efectivamente y sin cálculos amañados, ayuden a velar por los derechos políticos de las mujeres en el estado. Resulta sintomático que ni el IEPC, ni en el Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco (Itei) tengamos mujeres como consejeras, siendo espacios que deberían ser ciudadanos y representativos de los colectivos sociales. Además, el hecho de ciudadanizar el espacio tiene otra virtud, y es que el abanico de posibilidades se abre para poder designar a personas que técnicamente sean conocedoras del tema y que por lo tanto su labor logre tener mayor cualificación.

Hay otra serie de propuestas que gira alrededor de una reestructuración profunda del IEPCJ que comparten el diagnóstico de que no basta con las acciones anteriormente dichas, sin embargo no se niega que son propuestas loables, positivas y que no se contraponen con sus planteamientos, pero insisten que lo necesario es rediseñar este organismo público autónomo para volver a su vocación original que es la salvaguarda y garantía de los derechos políticos de las y los jaliscienses. Para ello se plantea que el Consejo debería formarse sólo en el periodo electoral, es decir, que el IEPC exista sólo en el año en que se realizan las elecciones y el resto del tiempo (dos años) se suspenden sus funciones. Además los nombramientos deberían ser honorarios y en caso de percibir un sueldo, de ninguna manera podrían ser los exorbitantes salarios que ahora devengan los consejeros. Aunado a lo anterior, la reestructuración implicaría optar por procesos electorales más austeros, no basados en la mercadotecnia política, sino en el debate de ideas y propuestas y con procedimientos electorales más sencillos. Se trataría, en resumen, de quitar los incentivos de di- nero y de poder político que mueven a las personas a buscar estos cargos y garantizar los derechos políticos de la forma más austera y sencilla posible.

Hay un tercer frente de reflexión que es más radical en sus planteamientos, y es el que abierta o veladamente proponen la desaparición de esta instancia, y por lo tanto asumir de una vez por todas que será un Instituto Nacional Electoral quien organizará todas las elecciones en el país; pero mientras eso sucede, que el gobierno del estado firme un convenio con el Instituto Federal Electoral (IFE) para que la junta local sea quien organice logísticamente la elección estatal. Esta solución implicaría resolver la duplicación de funciones que ahora existe (20 consejos distritales locales y 19 consejos distritales federales) y sobre todo se evitaría las llamadas casillas espejo, es decir, en una sola casilla se realizarían las seis elecciones. Los que defienden esta propuesta argumentan que con esta acción se evitaría la excesiva intromisión de los poderes fácticos y de los partidos políticos locales en el proceso electoral, que el costo de las elecciones se reduciría significativamente y que se aprovecharían las capacidades instaladas con las que ya cuenta en IFE en el estado.

Con este debate de fondo, el peor y más lamentable escenario es que el Congreso opte por ratificar a los actuales consejeros, sería un golpe más a la endeble democracia jalisciense, lo más audaz, pero lo más improbable es que decidan desaparecer esta instancia. Una propuesta de fondo sería que a la par de elegir a nuevos consejeros con perfil auténticamente ciudadano, generen un proceso de deliberación social para reestructurar a este organismo público autónomo, que desde mi particular punto de vista ya dio de sí y es necesario reconstruirlo.

jerqmex@hotmail.com

Desde el asesinato del acaudalado empresario y efímero secretario de Turismo de Jalisco, J. Jesús Gallegos Álvarez, se especuló fuertemente que la ejecución tenía relación con actividades personales y su vinculación con grupos de narcotraficantes, que al ultimarlo le habrían cobrado algún tipo de agravio. Gallegos ya había sufrido eventos violentos en su contra, como el haber sido baleadas sus oficinas en la colonia Providencia, que le motivaron abandonar el país y radicar en una ciudad del estado de Texas, desde donde manejaba diversos negocios, con muy eventuales y discretas visitas a México, contrastantes con el alto nivel de roce, convivencia y difusión social que se esmeraba en propiciar en cuanto a sus actividades, antes de ese incidente, sorprendiendo entonces, el anuncio de su designación como titular de Turismo en la entidad.

Desde el suceso adelantamos que, aun siendo adecuado el comentario en cuanto a que su ejecución no tendría que ver con su actividad como funcionario público, según se apresuró a precisar el secretario general de Gobierno Arturo Zamora Jiménez, se generaban señales que indicaban la posibilidad, ya confirmada por el propio fiscal general, Luis Carlos Nájera, en cuanto a la liga del empresario con actividades delictivas.

Bien por el gobierno de Jalisco que abona a la percepción de eficacia en su tarea de investigación delictiva y captura de criminales, además de que genera buena señal el que se diga con toda apertura que, según el dicho de los sicarios aprehendidos, mataron al ex funcionario porque financiaba las actividades de un grupo de hampones llamados Los Aliados, al sentirse agraviados, ya que fue acribillado por instrucciones de los capos antagonistas a los que, supuestamente, apoyaba económicamente Gallegos, o sea los del Cártel Jalisco Nueva Generación.

De confirmarse lo que se anuncia sobre el secretario de Turismo, Jesús Gallegos, dejará un precedente en cuanto a la necesidad de investigación más exhaustiva de la vida de los personajes que ocupan cargos públicos, a fin de evitar que engañen a quienes confían en la veracidad de sus antecedentes y los designan, llevándose después descomunal sorpresa al conocerse la realidad de su personalidad y orígenes de su riqueza. Lo mismo vale decir que, como este personaje, muchos han engañado a la sociedad y han cultivado amistades con empresarios, políticos, dirigentes sociales y religiosos, que han sufrido la argucia y otorgaron afecto y consideraciones, y no por ello deberán ser estigmatizados inadecuadamente, a menos que hayan conocido fehacientemente sus impropias actividades y los hayan solapado o hayan sido coludidos a participar de ellas.

Los diputados deben valorar el desempeño de Tomás Figueroa al frente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Foto: Héctor Jesús Hernández

Vende caro tu amor, aventurera
Da el precio del dolor, a tu pasado
Y aquel, que de tu boca, la miel quiera
Que pague con brillantes tu pecado

Aventurera, Agustín Lara

Eduardo Reyes Lara.- El año pasado Jalisco vivió uno de los procesos electorales más competidos de su historia en el que los ciudadanos tuvieron candidatos participando por diferentes partidos políticos, aunque la contienda se cerró a sólo competidores que finalmente se llevaron la mayoría de los votos.

Frente a un escenario tan cerrado como el que vivimos, aunado a la efervescencia en la participación e interés por lo que ya se anticipaba como la caída del PAN en la contienda por la gubernatura, los ciudadanos fuimos testigos de cómo la elección se centraba en aplicar diferentes estrategias para atraer cada uno de los votos posibles.

Para algunos, el proceso electoral pudo haber sido apegado a derecho, algunos habrán encontrado en esta contienda algunos errores menores que no afectaron el rumbo de la elección, sin embargo, es altamente probable que la mayoría de la gente coincidamos en que en 2012 el PRI operó una serie de estrategias que desalentaron la participación ciudadana, amedrentaron a quienes no pensaban votar por ese partido y generaron una campaña de desprestigio en contra del candidato de Movimiento Ciudadano, Enrique Alfaro Ramírez.

Ante un escenario en el que los ciudadanos pueden tener diferentes formas de interpretar y de haber vivido el proceso, es lógico que existan diferentes conclusiones, ello no significa que los grupos que tienen visiones diferentes estén equivocados, sino que cada uno vio y vivió de diferente manera este proceso electoral.

Precisamente en la diversidad de sus puntos de vista radica la riqueza de una sociedad, especialmente si se permite a las diferentes voces expresarse para aportar todos y encontrar mejores formas de convivencia y de enfrentar en el futuro retos similares a los que ahora son motivo de discordia.

De esa forma, las autoridades electorales son las primeras obligadas a escuchar las voces que tienen algo que aportar, algo que criticar y algo que proponer sobre el proceso electoral, no pueden volverse selectivas y escuchar sólo aquellas voces que les son favorables. Sin embargo, durante todo el proceso electoral y el periodo post electoral, los consejeros del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco (IEPC) han sido renuentes a escuchar las voces críticas, incluso se han dedicado a mentir sobre su comportamiento.

La semana pasada, el presidente del IEPC, José Tomás Figueroa Padilla, celebró una reunión privada con algunos cuantos invitados, más como un acto de campaña para su reelección que como un ejercicio de rendición de cuentas, pues todo el evento estuvo centrado en presumir una consolidación democrática que la mayoría de los ciudadanos no percibimos en la entidad.

Como una manera legítima de protesta, un grupo de ciudadanos inconformes se presentó pacíficamente en la Capilla Tolsá del Instituto Cultural Cabañas donde se realizaba el acto de promoción de Figueroa Padilla y comenzó una protesta, pero lejos de ser escuchados, los manifestantes fueron silenciados. Les arrancaron de las manos las pancartas que llevaban. Les arrebataron de la boca los silbatos con los que llamaban la atención de los asistentes. Los sacaron del edificio y les impidieron continuar con su manifestación.

Pero el presidente del IEPC no sólo censuró y coartó el derecho de esos ciudadanos a manifestarse, sino que después mintió sobre los hechos en una entrevista. “Yo vi a ocho estudiantes manifestándose de manera pacífica, presentaron unas mantas con unos silbatos, les di la bienvenida y también escuché al final sus opiniones y todas ellas muy respetables; nadie se angustió, esperamos a que terminaran de manifestarse, decidieron retirarse del recinto y continuamos con la presentación del informe” (Milenio 10 de mayo, p. 12).

Los jóvenes no fueron escuchados, no les permitieron expresarse y fueron echados del recinto, exactamente lo opuesto a lo declarado por Figueroa Padilla.

Ahora, en pleno proceso de renovación de los consejeros integrantes del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, los diputados deben valorar el intento de Figueroa Padilla por engañar a la gente mintiendo sobre estos hechos, pero también deben evaluar su falta de espíritu democrático, pues no puede dirigir a esta institución callando a los ciudadanos, coartando su derecho a la libre expresión y mostrándose todo lo intolerante que es con las críticas.

Los diputados tienen también que valorar el burdo intento de los consejeros electorales actuales por falsear la voluntad popular al asignar diputaciones a quienes no las merecían, quitándoselas a quienes legítimamente las recibieron a través de los votos de los ciudadanos; tienen que considerar su falta de talante democrático al permitir que las condiciones de competencia fueran desiguales y favorecieran al PRI.

Aquel que no tolera la libre manifestación de las ideas, es precisamente el peor perfil para dirigir la institución que garantiza los procesos democráticos en Jalisco.

México es el primer país del mundo en que a través de la empresa Marsh Brockman, se ofertan dichas pólizas de cobertura hasta por 25 millones de dólares a empresas nacionales e internacionales que realicen actividades en el territorio nacional; porque no obstante el servicio ya existe similar en otros países, la diferencia estriba en que en México, la aseguradora otorga protección contra actos perpetrados por el crimen organizado, actividades fraudulentas, incluyendo extorsión y sabotaje; mientras en otros lugares del orbe sólo cubren terrorismo.

La póliza cubriría daños provocados por enfrentamiento entre fuerzas de seguridad oficiales –sean elementos policiales o militares– y sujetos criminales, y/o los choques violentos entre delincuentes. Habrá que recomendarles esta protección a las empresas asentadas en zonas como Andares, en Zapopan Jalisco, donde el 10 de mayo pasado se registró campal balacera por el peligroso operativo realizado por la Marina, sin que a la fecha se sepa el móvil, ni siquiera por las autoridades estatales o municipales, menos por la sociedad.
El Partido de la Revolución Democrática (PRD) acudió a la Procuraduría General de la República (PGR) a denunciar a la secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles y al gobernador de Veracruz Javier Duarte, por los posibles delitos de peculado, abuso de autoridad y uso indebido de atribuciones y facultades en relación a la manipulación de recursos de programas para el desarrollo comunitario, desviados para fines electorales en favor de candidatos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en dicha entidad federativa.

Teóricamente suena adecuado, pero el asunto es que bien saben los dirigentes del PRD que la PGR jamás integrará la averiguación penal, ni la consignará ante un juez federal, pues de ningún modo  inmolaría a sus compañeros priístas, a lo más que llegarán las autoridades será a cargarle las culpas a funcionarios menores, o sea a chivitos expiatorios. Tras los primeros apretones y amagos que ante el escándalo del ChayoGate hicieran el PRD y el Partido Acción Nacional (PAN), que abandonaron temporalmente el Pacto por México y exigieron la renuncia de Rosario Robles y Javier Duarte, vino el famoso #noteapuresRosario de Peña Nieto, las negociaciones exitosas del PRI con los jerarcas del PRD y PAN; todo quedó en el cese de empleados segundones, se reinstaló el Pacto y siguieron avanzando las reformas financieras y pronto vendrán las fiscales con el incremento de impuestos, por lo que esta denuncia parece mero show en ánimo de quedar bien con la sociedad y  para que el beneficio obtenido de la negociación con el gobierno priísta –que aún ni se sabe bien el alcance– le resulte menos desgastante frente a las siguientes elecciones en varias entidades federativas, ya que sin duda el electorado cobrará la traición de haber sido comparsas y quedar en el discurso su intención de evitar uso indebido de recursos públicos.

A través del fiscal general de Jalisco Luis Carlos Nájera, el gobernador Aristóteles Sandoval dio conocer la captura de los presuntos culpables del asesinato de quien fuera acaudalado empresario Jesús Gallegos, ejecutado a escasos días de haber asumido la Secretaría de Turismo estatal, así como a otros sujetos acusados de los actos violentos contra instalaciones del periódico Mural y de causar daños con granadas de fragmentación en bares de la zona oriente de Guadalajara, así como a los delincuentes confesos del ataque al grupo de voluntarios de protección forestal que acampaban en la zona recreativa boscosa El Diente en Zapopan, lo cual sin duda representa importantes logros, habría que recordar que sigue el hermetismo en relación al operativo de la Marina el 10 de mayo en Andares, donde hay un cuerpo abatido que yace en el Servicio Médico Forense (Semefo) y nadie reclama y parece también, nadie conoce.
Jalisco está inmerso en una aguda problemática de inseguridad y como muestra está que la zona de visitantes más importante de la capital jalisciense es la más peligrosa, pues la Plaza Tapatía y el área aledaña al Instituto Cultural Cabañas es escenario de robos y prostitución, al grado que los accesos a los estacionamientos subterráneos cierran desde las 16 horas por la inseguridad. Según la propia Fiscalía General, la zona metropolitana de Guadalajara es azotada por el incremento de hurtos a autos y casas habitación; hay barrios tremendamente peligrosos como Santa Cecilia al Oriente de la urbe, que además carece de vigilancia adecuada.

Los homicidios en la mancha urbana superan la media nacional, pues de acuerdo al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, se suscitaron 25 homicidios por cada 100 mil habitantes en el primer cuatrimestre y la media nacional es 20; otro dato es, según el Sistema Nacional de Seguridad Publica, el grave repunte del 77% en el numero de extorsiones; de dos mil por ciento en desaparición de mujeres en los últimos seis años, pues antes de 2007 eran aproximadamente 20 al año y a partir de ese año han sido más de dos mil 220.

Según indicadores de opinión, la población vive atemorizada por las luchas entre pandillas, agresiones en su domicilio, o en la vía publica, extorsiones y robos en todas sus modalidades; hay pavor ante los riesgos colaterales por atentados o balaceras, cada vez más frecuentes. Ningún municipio de la macro urbe conformada por Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco, Tlaquepaque, Tonalá, El Salto, Juanacatlán, Ixtlahuacán del Río, San Cristóbal de la Barranca y los más cercanos en el centro del estado, aprueba como seguro en la percepción social, lo mismo sucede en muchos municipios alejados de la capital.

Cabe señalar que los ayuntamientos están haciendo su trabajo, pero no pueden solos, ante la carencia o insuficiencia de recursos financieros, materiales y humanos y por más que se esfuercen en poner en práctica estrategias de recuperación de espacios públicos y promoción económica y más desarrollo social para amainar las causas y generar prevención de ilícitos y la reacción ante los delitos, no han logrado el éxito necesario, pues además del apoyo del gobierno estatal, falta mayor respaldo y respeto del gobierno federal.

Un ejemplo de lo que debería hacer la justicia mexicana y juzgar a Ernesto Zedillo Ponce de León por la matanza de 45 indígenas tzotziles de la organización Las Abejas, entre ellos varios niños y algunas mujeres embarazadas, que oraban al interior de una rústica capilla en el poblado de Acteal; y al ex presidente Felipe Calderón Hinojosa por los más de 100 mil muertos y desaparecidos provocados directamente por la guerra que emprendió en el año 2006 contra el crimen organizado que organizó y operó durante su sexenio –en complicidad con su ex secretario de Seguridad, Genaro García Luna– y que tuvo funestos resultados. Debe ser muy cuidadoso el presidente Enrique Peña Nieto para evitar correr la misma suerte, pues según el informe oficial del propio Gabinete de Seguridad del gobierno a su cargo, del 1 de diciembre a la fecha han muerto más de 5,300 personas por sucesos ligados a la delincuencia organizada, por lo que insistimos en la urgencia de activar ya todos los aspectos de la política estratégica de combate a crimen e inseguridad que ha prometido y de la que aún hay esperanza pueda concretarse.

La Secretaría de Gobernación llamó a los gobernadores a ser líderes en la creación de estrategias de seguridad y no obstante la intención manifiesta de generar un esquema de coordinación y cooperación entre los distintos órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal) –que resulte en la eficiencia del apoyo técnico y científico, el equipamiento y los recursos materiales y financieros, así como el establecimiento de estrategias y tácticas de corresponsabilidad y organización en mandos compartidos y unificados con base en circunstancias y necesidades específicas–, lo sucedido en el centro comercial y habitacional Andares en Zapopan el 10 de mayo pasado echa por tierra el discurso y avances hasta ahora en construcción, pues es vergonzante para las autoridades locales apechugar y asumir el papel de cooperadores forzosos, y más triste es que dicha cooperación es en el sentido de no participar, o “no estorbar”, y ni siquiera preguntar nada, porque absolutamente nada les van a informar.

Además, como en este penoso asunto, hasta un fiambre dejaron los marinos en calidad de desconocido o no identificado, sin dejar razón legal alguna para conformar la documentación y armar el expediente y la averiguación penal que se requiere en relación con la existencia de un cadáver abatido violentamente en un enfrentamiento con fuerzas de seguridad, acorde a lo que la ley local dispone, que al dejar aquí el cuerpo para su manejo a las autoridades locales debe entonces aplicarse.

Penosamente el gobernador da la cara al informar sobre la captura de varios presuntos culpables y el avance de la indagatoria penal relativa al ataque, que dejó heridas graves a personas que realizaban un campamento en El Diente, en Zapopan, y tras dar cuenta de eso, confesar que no le han dado información alguna sobre lo sucedido el 10 de mayo, entonces –si no informan al gobernador y al presidente municipal, faltando al respeto elemental y a la básica cortesía para llevar adelante un protocolo esencial de cooperación y coordinación– no se puede esperar mucho al respecto, que no sea una constante de predominio y absoluta prepotencia, imperando siempre el mandato de los federales. ¿Qué puede entonces esperar la sociedad? ¡Absolutamente nada! Ni respeto, ni garantía de seguridad en relación a los operativos, mucho menos saber con veracidad algún día lo que sucedió y lo que seguirá aconteciendo.

Urge que los tres niveles de gobierno y sus jefes policiacos, tengan reuniones de evaluación, prospectiva y programa real que genere una adecuada política estratégica de seguridad nacional antiviolencia, y ya avancen realmente, para que no sigan siendo como hasta ahora, sólo retórica y promesas de pódium de eventos ornamentales.

En los últimos meses, los maestros de todo el país han hecho público su rechazo a la reforma educativa. Foto: Arturo Campos Cedillo

Lucy Pérez.- Quiero iniciar con un reconocimiento a quienes con verdadera vocación y generosidad se preparan para honrar a una de las profesiones que hasta hace unos años eran de las más valoradas y respetadas. Ser maestro, es la vocación de quienes se entregan a la enseñanza.

Sin embargo, el actuar de algunos políticos ha ido denigrando la labor docente, ya que el sistema educativo mexicano ha tolerado toda clase de privilegios y ha exigido poco. Algunos seudo educadores han usufructuado sus espacios para fines políticos, coyunturales o de grupos de interés, han secuestrado escuelas, calles, en lugar de dignificar sus conocimientos en las aulas, privan a miles de niños de recibir el conocimiento básico.

Con cualquier cantidad de excusas realizan paros y ponen pretextos para no ser evaluados y no comprometerse verdaderamente con su labor. Desde luego que hay demandas justas, pero aún hay quienes se oponen a las reformas realizadas, cuando en realidad lo que a nuestro país le urge es un sistema educativo de calidad.

Se calcula que en México hay cerca de dos millones de maestros, pero no se tiene una cifra exacta, ni la Secretaría de Educación Pública, ni los sindicatos tienen un padrón real de la cifras de profesionales en la educación.

Sólo para efectos comparativos: en el sistema educativo de nuestro país existen –según cifras de la ahora ex líder del sindicato de maestros más poderoso de México, Elba Esther Gordillo– por lo menos 22 mil 353 comisionados sindicales.

Una cifra escandalosa si la comparamos con la de otros países, por ejemplo en España hay 25 personas conocidas como “liberados”, dedicados a las tareas del sindicato de la educación; en Estados Unidos sólo hay ocho comisionados, mientras que en Inglaterra hay un solo comisionado. En Perú y Ecuador, se desterró la figura de comisionado.

Pero no todo es bajo las sobras del monstruo del sindicalismo. La profesión de educar, es para quienes la ejercen por convicción, una verdadera vocación de vida que implica una preparación continua, una actualización permanente que permita transmitir conocimientos, valores y actitudes para que los procesos de enseñanza-aprendizaje generen un proceso de formación integral que permita no sólo contar con alumnos competitivos y competentes, sino tener jóvenes con valores.

Pero educar no se sujeta al ámbito académico. También los padres educamos, la familia, el entorno social, la comunidad, las iglesias. En nuestros días también inciden en la educación los medios masivos de comunicación y las nuevas tecnologías de la información.

La semana pasada la Conferencia del Episcopado Mexicano dio a conocer un documento que me parece relevante, Educar para una nueva sociedad, y me ha llamado la atención cómo hace énfasis en la “emergencia educativa de México” y en este contexto se mencionan la desigualdad social, el desempleo, pobreza e inequidad, el incremento de los jóvenes en el sector informal, la migración, la violencia y el crimen organizado, niños trabajadores y deserción escolar.

Propone soluciones como recuperar la centralidad de la persona, asegurar una educación integral de calidad para todos, educar en la verdad y en la libertad para promover la paz, reconocer el papel fundamental de la familia, lograr que la escuela y los maestros encuentren caminos para cumplir su misión, propiciar que los medios de comunicación, sean medios y no fines, promover la colaboración del gobierno y la sociedad para una nueva acción educativa y formar a los formadores.

Existen grandes desafíos y cada uno de nosotros puede contribuir a centrar en la educación los procesos de cambio que requiere nuestro país. Por lo pronto, valga un sincero agradecimiento y felicitación a todas y todos aquellos que con su testimonio de vida, su entrega cotidiana y vocación de servicio dignifican la labor educativa.

Esta reflexión viene a cuento a propósito del ciento cincuenta aniversario de la publicación de Cinco semanas en globo. En 1863 Jules Verne tenía treinta y cinco años, se había casado seis años atrás y su único hijo, Michel Verne, contaba con dos años de edad. Para entonces ya era abogado y trabajaba en la bolsa. En sus años de estudiante había intentado afanosamente triunfar en el teatro parisino, sin obtener mayor éxito que unas pocas representaciones de sus obras, muchas veces sin recibir pago alguno. Había publicado en esos años, entre otras obras, Les Premiers Navires de la marine mexicaine en la revista Le Musée des familles, que si bien gozaban de un cierto público, no habían sido suficientes como para vivir de sus regalías. De ahí que su padre, hasta ese momento, se opusiera y mirara con recelo su carrera literaria.

Puesto que la familia no quería propiciar una vida bohemia en el futuro notario, cuando cursaba derecho en París, el joven Verne se había visto en la necesidad de ayunar para comprar las obras completas de Shakespeare: anhelaba triunfar en el teatro y al autor francés que más admiraba era Victor Hugo. Por esos años, cuando frecuentaba uno de los salones literarios al que un tío lo había introducido, conoció a Alexandre Dumas y enseguida trabó amistad con él. Por el padre, conoció a Dumas hijo y por vía de éste, gracias a su tenacidad, contactó al gran editor de la época: Pierre-Jules Hetzel, quien tenía bajo su sello, entre otros maestros, a Balzac, Victor Hugo y Zola. El editor necesitaba de alguien que escribiera para su nuevo proyecto destinado a los niños y sus familias, el Magasin d’éducation et de récreation, y el joven autor recién había encontrado las características del que a la postre sería su estilo, en la historia de tres ingleses que atraviesan en globo el continente africano. De ese modo, el 23 de octubre de 1862, luego de algunos años de desaliento, Jules Verne firmó su primer contrato con Hetzel.

Sobre la relación editor-autor ha corrido mucha tinta al respecto. Hay quien afirma que sin Hetzel, Verne no habría conseguido ni la mitad del éxito del que gozó en los años posteriores a Cinco semanas en globo. Otros, por su parte, han visto en el editor a un hombre que halló en Verne una mina de oro que supo explotar a voluntad durante muchos años. Lo cierto es que tanto Verne como Hetzel influyeron de manera decisiva en la vida del otro, aunque el editor tuvo siempre una ventaja por tener mayor peso en las decisiones finales sobre qué se publicaba.

A este respecto, muchos años después, cuando las Editions Slatkine publicaron en 1999 la Correspondance inédite de Jules Verne et de Pierre-Jules Hetzel, con el cuidado de Olivier Dumas, presidente de la Sociéte Jules Verne, de Piero Gondolo della Riva y de Volker Dehs, vernólogos todos, se supo, por ejemplo, de los argumentos de Hetzel para rechazar, pocos meses después del primer éxito comercial del joven autor, el manuscrito de Paris au XX siècle, que aparecería finalmente publicado más de cien años después. “Mi querido Verne –comienza la carta– daría lo que fuera por no tener que escribirle hoy. Ha emprendido usted una tarea imposible –y no más que los que lo anteceden en asuntos análogos– no ha logrado usted conducirla a buen término. Está a cien pies por debajo de Cinco semanas en globo. Si usted se releyera en un año estaría de acuerdo conmigo. No es sino un pequeño diario sobre un tema que no es afortunado.” De manera que el joven Verne abandonó los asuntos desafortunados y se entregó al viaje, a la geografía y a los avances tecnológicos con finales adecuados.

El éxito de Cinco semanas en globo fue inmediato. Hubo un antes y un después de esa novela en la obra de Verne. En germen, contiene los temas de sus siguientes libros, según lo afirma Joe en el capítulo IX: “–Creedme, camaradas; cuando se ha tomado el gusto a este género de locomoción, no se puede prescindir de él, y así es que en nuestra próxima expedición, en lugar de ir de lado, iremos hacia adelante, subiendo siempre. –¡Bueno! Dijo un oyente maravillado; entonces llegaréis a la Luna.”

Con todo, se ha considerado a Jules Verne un escritor menor aunque grandes autores lo han tenido en estima. En su revista La Dernière Mode, Stéphane Mallarmé catalogó Le Voyage autour du Monde como una “comedia de fantasía, un drama, un atlas viviente de geografía que une a todo el resto los nombres populares de Dennery y el del muy curioso Jules Verne.” Raymond Roussel, en una carta a Eugène Leiris, habla de Verne como el más grande genio literario, y por mucho, de todos los siglos. “Él seguirá –afirma Roussel– cuando todos los otros autores de nuestra época hayan sido olvidados desde hace mucho. Por otra parte, es tan monstruoso hacer que los niños lo lean tanto como hacerlos aprender las Fábulas de La Fontaine, tan profundas que de por sí muy pocos adultos son aptos para apreciarlas.”

Mientras que Verne gozó de fama y fortuna en vida –no por ello dejó de ser, a su modo, un solitario y un incomprendido– el genio de Baudelaire espantó y maravilló a los grandes espíritus de su época. Sólo el tiempo ha invertido un poco los papeles: el primer tomo de la Pléiade corresponde a las obras de Baudelaire; Jules Verne apareció 578 números –81 años– después. Ambos, en todo caso, sin saber por qué, dijeron siempre Allons!