Cortina de la presa El Zapotillo. Foto: Arturo Campos Cedillo

Mireya Acosta Gurrola.- La ingeniería civil es una de las profesiones más antiguas de la humanidad. Muchas de las grandes obras calculadas, diseñadas y construidas por ingenieros civiles están ahí para asombro y admiración del mundo. Esta profesión es tan amplia que puede dividirse en varias especialidades, una de ellas es la ingeniería hidráulica o los ingenieros civiles especializados en hidráulica.

En los años 40, la ingeniería hidráulica en México así como toda la ingeniería tuvo su despegue. Era la época posterior a la Revolución Mexicana y fueron años en los que la transformación del país y el progreso que se podía lograr en la paz fueron el factor que incidió en toda clase de construcciones. Las primeras muestras de las obras hidráulicas ya se encontraban en los canales que los aztecas habían construido en Tenochtitlán. Pero los nuevos ingenieros, los grandes ingenieros hidráulicos se formarían en la mejor escuela que ha tenido el país. Fundada en el año de 1926 como Comisión Nacional de Irrigación y convertida en 1946 en una secretaría de estado, la Secretaría de Recursos Hidráulicos (SRH), desde su fundación se encargó principalmente de la construcción y administración de obras de irrigación, pozos para riego y posteriormente para abastecimiento y presas. Las ciencias complementarias al trabajo de hidráulica como topografía, geología, hidrología, mecánica de suelos, agronomía y agrología entre otras, también formaron parte del desarrollo y formación de profesionistas.

Con el progreso de la ciencia y la tecnología se avanzó en al área con la construcción de las grandes presas para irrigación primero y posteriormente para control de avenidas y generación de energía eléctrica.

Pero los avances logrados sobre todo en el aspecto de las grandes presas fueron acompañados de importantes impactos básicamente sociales y ambientales. Los impactos sociales eran vistos como un mal necesario y los gobiernos de toda esta época ignoraban o acallaban las protestas. Su explicación era la del costo del progreso.

A pesar de que en 1976 el presidente López Portillo cometió el error de fusionar las secretarías de Agricultura y la de Recursos Hidráulicos, sobrevivió la técnica desarrollada en el equipo de ingenieros de la antigua SRH. Pero el final de esta institución lo dictó el presidente Salinas de Gortari que ya con el sistema neoliberal establecido la convirtió en una comisión que depende de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Actualmente, la misión de la Comisión Nacional del Agua según su página de Internet “consiste en administrar y preservar las aguas nacionales, con la participación de la sociedad, para lograr el uso sustentable del recurso” una definición tan vaga que permite cualquier interpretación.

Así como se ha venido evolucionando en la ciencia y la tecnología, han aparecido nuevas ciencias, la sociedad ha cambiado, en el paso de estos casi 90 años de ingeniería hidráulica los ingenieros mexicanos no nos debemos quedar anclados en las glorias del pasado. Hoy se habla de sustentabilidad ambiental y de derechos humanos desde los primeros niveles escolares y la sociedad no es la de la pos revolución.

En el aspecto social traigo conmigo el mensaje de mis raíces. La familia de mi padre fue desalojada de su pueblo y sus tierras de cultivo por la construcción de la presa Lázaro Cárdenas (El Palmito) en el río Nazas en el estado de Durango. Ellos aceptaron el mísero pago del gobierno en 1947 “por el progreso de México”. Fueron desarraigados y les dieron nuevo lugar en unas tierras áridas improductivas y donde se tenía que acarrear el agua desde lugares muy lejanos. Muy pobres yo los conocí, hoy prácticamente todos viven en los Estados Unidos.

En la parte ambiental, la retención de la corriente del río Nazas en la presa acabó con las lagunas que le dieron el nombre a la zona, La Comarca Lagunera. Además, las aguas almacenadas por la presa Lázaro Cárdenas se utilizan para regar, con pérdidas de alrededor del 70%, entre otros cultivos, alfalfa, cuya demanda del líquido es de las más altas, maíz y sorgo forrajeros y contribuyó a desarrollar una cuenca lechera que requiere 1,000 litros de agua por litro de leche producido, en una zona árida con clima seco. En la actualidad los acuíferos están sobreexplotados y se obtiene agua con arsénico y otras sales.

¿Qué ha pasado con los ingenieros hidráulicos en este tiempo? Algunos, los más viejos, piensan que todo debe seguir igual; otros, jóvenes llegaron en los tiempos de este capitalismo salvaje donde es el dinero el que rige los destinos del mundo y desde su arrogancia, ignorancia o inocencia actúan consecuentemente. Pero sé que hay otro grupo de ingenieros cuya conciencia ha despertado y también sé que los primeros pueden cambiar, pueden convertirse en los técnicos de hoy y del futuro que optaron por esta interesante y creativa profesión.

En este pánel se me pidió que hablara sobre alternativas a la presa El Zapotillo. No, no me salí del guión. Sé que hablar de alternativas implica una inversión grande en tiempo, recursos económicos y humanos. Sé que la ingeniería no improvisa, no debe improvisar. Sé lo importante que son los estudios y la planeación. No vengo a sacar de la manga propuestas elaboradas sobre la banqueta. Creo que las alternativas las tienen que desarrollar mis colegas que trabajan específicamente en eso en las dependencias oficiales que corresponden y presentarlas para su aceptación a la sociedad.

Hoy tenemos la experiencia, sabemos que la ingeniería es capaz de vencer casi todos los obstáculos pero también hemos observado las consecuencias negativas de las obras de ingeniería, hemos visto alterado el sistema hídrico natural con graves consecuencias, los ríos, lagos, lagunas y humedales de agua dulce se han convertido en un claro síntoma de un modelo de desarrollo con una visión no sustentable que ha tenido un fuerte impacto en los recursos naturales. Se ha arrojado a miles de seres humanos de sus lugares de origen, de sus raíces y sus tradiciones. Es el momento de recapacitar y pensar que la grandeza de la ingeniería no nos convierte a quienes la ejercemos en los dadores y quitadores de vidas, no tenemos derecho de convertir a las personas en números y justificarnos con el argumento de que “técnicamente es la mejor alternativa”.

Ya no podemos pensar que el agua es infinita y la podemos traer desde los lugares más lejanos a ciudades que crecen sin control sacrificando la calidad de vida de sus habitantes. Ya no podemos seguir despilfarrando el agua en sistemas de riego obsoletos en pleno siglo XXI. Ni podemos cerrar los ojos a la evidencia de las fugas en los sistemas de distribución de agua potable.

Desde esta tribuna les quiero pedir a mis colegas de la Comisión Nacional del Agua, de la Comisión Estatal del Agua, que seamos menos soberbios, más humildes, que no olvidemos que la parte más importante de un proyecto son los estudios, que los estudios se desarrollan por especialistas de distintas disciplinas, que un buen estudio requiere de un buen especialista, por lo que un proyecto de ingeniería es de trabajo en equipo. Además que la mejor alternativa no es sólo la más económica sino aquella que respeta la vida, historia y tradiciones y derechos de los demás; que respeta la casa de todos, que cuida la conservación del ciclo hidrológico con todas sus interrelaciones con la naturaleza y que está insertada en el manejo responsable y de conservación de la unidad hidrológica que nos es posible desde nuestra humana pequeñez, la cuenca.

Debemos convencer a los políticos de que sí es redituable una gestión del agua que cumpla con las demandas de la sociedad y la naturaleza. Sé que tenemos la capacidad de hacerlo así como sé que si amamos nuestra profesión lo primero que debemos exigirnos es ética en nuestro trabajo y la ética no se vende.

Puedo hacer aquí un listado de las alternativas que se han planteado durante años en distintos foros y mesas de trabajo, pero todo este listado está ya en manos de las autoridades y ha sido publicado en diversos medios. Sin embargo creo que no es cuestión de cambiar una presa por otra, o de hacer proyectos focalizados, es cuestión de una verdadera planeación que modifique la forma de manejar el agua a un modelo de gestión participativo que involucre a la sociedad con un nuevo enfoque del concepto de interés general que cambie la idea que el conseguir un aprovechamiento de corto plazo y con el menor costo es la mejor solución, que en realidad pone en peligro el mediano y largo plazo, por la de una gestión sostenible participativa que garantice el buen estado de los ecosistemas fluviales y de los acuíferos con una moderna gestión de agua que asuma un enfoque ecosistémico, en el marco de la cuenca.

No se trata de arrastrar la problemática a otro sitio como ha ocurrido con los proyectos Arcediano, San Gaspar y ahora Zapotillo, o descalificar de antemano a los que no coinciden, a los que no tienen por qué sacrificarse como mi familia “por el progreso de México” o por beneficios para otros no del todo claros. Confío en que habrá verdaderos ingenieros con miras de mayor altura para hacer una ingeniería responsable, honesta y de la más alta calidad que seguirá dejando en el nivel que se merece la profesión.

El presidente Enrique Peña Nieto, durante la presentación del Plan Nacional de Desarrollo. Foto Notimex

Fernando Acosta Riveros.- Quince años después de que Tomás Gutiérrez Alea, cienasta cubano, entregara al público de nuestra América su película Memorias del subdesarrollo, el gobierno mexicano, presidido por Miguel de la Madrid Hurtado (1982-1988), dio a conocer su Plan Nacional de Desarrollo (PND) al finalizar el mes de mayo de 1983. En la vida política reciente de México, como en las películas, hay historias que se repiten. Cambian algunos protagonistas. Llegamos a mayo de 2013 y tres décadas después cuando Luis Videgaray, secretario de Hacienda y Crédito Público en el gobierno del telepresidente Enrique Peña Nieto, presenta el documento del actual PND, la esencia del mismo se denomina: neoliberalismo.

“La piedra angular del sistema nacional de planeación democrática” se presenta en el quinto mes de la nueva administración. Otra vez el Partido Revolucionario Institucional (PRI) convoca a promover la unidad, la visión y corresponsabilidad para remover los obstáculos. En realidad han sido tres decenios de subdesarrollo y deterioro. Quienes tienen memoria recuerdan que el PND presentado en mayo de 1983 intentaba estabilizar la economía y restablecer el crecimiento. La congelación de salarios y la liberación de precios afectó la vida cotidiana de los trabajadores. Miguel de la Madrid ofrecía un sistema integral de democracia y condiciones de justicia social.

“Mejorar el ingreso de familias y regiones, perfeccionar continuamente el régimen democrático en un marco de libertades individuales y derechos sociales”. ¿Quiénes afirmaron lo anterior? Los funcionarios de primer nivel en cinco administraciones. En el transcurso de seis sexenios el ingreso de familias y regiones está por los suelos y el llamado régimen democrático sobrevive luego de dos fraudes electorales: el de julio de 1988 contra Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y el de julio de 2006 contra Andrés Manuel López Obrador. Los proyectos nacionalistas del Frente Democrático Nacional, en 1988, y el de la Coalición Por el Bien de Todos en 2006 fueron desacreditados por los voceros del sistema, opuestos a cualquier cambio y fieles a las imposiciones del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Descontentos, huelgas y manifestaciones se hicieron presentes durante el primer año del gobierno de Miguel de la Madrid, porque las demandas de la población no encontraban respuestas en el Plan Nacional de Desarrollo que consistía en postergar la austeridad a los trabajadores y familiares de desempleados. Junto a las promesas de bienestar anunciadas por Arsenio Farell Cubillas, secretario de Trabajo, aumentaban las brechas que han separado a los muchos desfavorecidos de los pocos privilegiados.

Pobres resultados económicos en 1983, 1998, 2003 y 2013. El mercado y las finanzas son analizados por los grupos de poder de una manera óptima y responsable. Los tratados internacionales para aumentar el comercio han logrado aumentar la pobreza de las mayorías y la dependencia de países y gobiernos que son proclamados como civilizados, libres y soberanos. Los grandes negocios mercantiles también están expuestos a sufrir catarritos. Ejecutivos del Merril Lynch Bank of America consideraron el pasado lunes 20 de mayo que el bache de la economía mexicana puede extenderse otro trimestre.

Un Pacto de Unidad Nacional propuso Fidel Velázquez, dirigente de la Central de Trabajadores de México (CTM) en 1983. No le fue posible conseguirlo. La respuesta contundente fue coreada por casi cien mil trabajadores que se movilizaron por calles y avenidas de la ciudad de México hasta concentrarse en el zócalo, exigir aumentos salariales y rechazar la política económica del régimen que prometía la renovación moral de la sociedad.

Arsenio Farell Cubillas, artífice del Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento Económico (PECE), advirtió el 30 de mayo de 1983: “En el corto plazo no existen las bases materiales para lograr la mejoría de los niveles de vida de la población”. Treinta años forman parte del corto plazo. Bajo el sistema neoliberal y corrupto será imposible mejorar la situación, aunque se firmen nuevos pactos entre las altas cúpulas de los partidos que tienen a México, “en movimiento”.

Hablan de estabilidad y paz social los que han dividido a México, desde 1982, entre el grupo de los que tienen acceso a los bienes y servicios de la sociedad de consumo y aquellos que no tienen esas posibilidades. Farell Cubillas sí aprovechó los plazos y privilegios que le concedieron sus dos grandes aliados: Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari (1988-1994). Es verdad que en 2013 es notoria la baja calidad de la enseñanza, el insuficiente crecimiento económico, el hambre, la poca presencia constructiva y solidaria de México en el mundo, mientras continúa en ascenso la violencia.
Actuar con unidad, visión y corresponsabilidad significa para las autoridades que las dirigencias del PRI, Acción Nacional (PAN) y Partido de la Revolución Democrática (PRD) defiendan el sistema de privilegios y corrupción, mientras pagan costosos promocionales en TV Azteca y Televisa sobre la Cruzada Nacional contra el Hambre, porque “ahora sí es cierto” que van a “mover a México”.

Un gobierno honesto, una sociedad comprometida y un pueblo bondadoso podrían unirse con visión y sentido de responsabilidad en un proyecto que abandonara definitivamente el sistema neoliberal para promover el relanzamiento de un México soberano y solidario, una nación donde sea más importante el bienestar de los trabajadores y sus familias que los compromisos con el Fondo Monetario Internacional y la mafia criminal que amenaza y condena a la desesperanza y en ocasiones al suicidio a hombres y mujeres de países africanos, americanos, asiáticos y europeos. La memoria permite reflexionar sobre los problemas del subdesarrollo y las promesas consignadas durante 30 años en los Planes Nacionales de Desarrollo.

Los automovilistas, encerrados en nuestras cajas de metal, casi nunca notamos todo lo que causamos cuando subimos un automóvil a una banqueta. No sólo privatizamos un espacio que debería ser de todos, sino que obligamos a los más vulnerables (ancianos, niños, mujeres con carritos de bebé o personas con discapacidad) a que se bajen a la calle, arriesgando su vida. ¿Con qué derecho lo hacemos? ¿Qué nos lleva a ignorar las otras formas de movilidad y a quitar el derecho al libre paso a otros transeúntes?

Definitivamente no es que seamos malas personas ni que no nos importe, a mi parecer la cuestión es más profunda e implica varios frentes:

1) Falta de educación vial generalizada: hay países en los cinco continentes en los cuales los niños llevan la materia de educación vial en sus escuelas. Aquí no existe ni remotamente algo parecido, ¿no creen que es algo sumamente necesario? Una buena cultura vial resolvería muchos de los problemas de nuestra ciudad.

2) La falta de leyes y reglamentos que cuiden este espacio público (y que vigilen la correcta aplicación de las sanciones) no sólo de los automovilistas sino incluso ante comercios y dependencias de gobierno.

3) Falta de infraestructura adecuada: ante aquellos y aquellas que a pesar de los reglamentos y educación decidan tapar la banqueta con su automóvil, el tener una infraestructura que privilegie al peatón y a la persona con discapacidad es primordial para cuidar el derecho al libre tránsito en la banqueta. La instalación de bolardos o arbustos en las zonas más problemáticas, además de la construcción de banquetas amplias, son parte de la solución.

Y ustedes, ¿cuáles creen que sean las razones por las cuales no cuidamos las banquetas y qué consecuencias puede haber para nuestra vida en sociedad? Cuéntenmelas en mi Facebook.com/lauharo o por Twitter en @lauharo, me encantará conocer sus opiniones.

*Regidora de Zapopan

El escenario michoacano se compone de varias pistas con alta intensidad, aderezado por un contexto de ingobernabilidad y escasa legitimidad política del gobierno del estado encabezado por el gobernador interino, Jesús Reyna García, a consecuencia de la enfermedad del mandatario con licencia, Fausto Vallejo Figueroa.

1. El primer escenario involucra las luchas y demandas de los profesores y estudiantes de las escuelas normales del estado aglutinados en la Organización de Normales Oficiales del Estado de Michoacán (ONOEM). Las demandas de los alumnos normalistas tienen que ver con la necesidad de acceder a lugares de trabajo una vez concluidos sus estudios. Es una realidad que al egresar de la normal muchos alumnos no encuentran trabajo y cuando logran acceder a uno las condiciones laborales no son las mejores. Por su parte, los profesores simpatizantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación exigen mejores condiciones de trabajo y la democratización del SNTE. El conflicto ha escalado niveles preocupantes donde el tono de las protestas, así como el de la respuesta gubernamental ha llevado las “negociaciones” por destrabar adecuadamente el conflicto a una tensión muy elevada.

2. Desde hace muchos años diversas organizaciones criminales han ido controlando extensas zonas de Michoacán. Las denominaciones de estos grupos se multiplican y se fraccionan, con ello crecen los enfrentamientos por el control de la plaza, lo que ocasiona altos niveles de violencia e inseguridad. Además la lucha entre los cárteles de la droga no se ha limitado a los miembros de las organizaciones, por el contrario se ha extendido a todos los sectores de la sociedad. En el estado resultan parte de la cotidianidad las extorsiones, los secuestros, los levantones de ciudadanos ajenos a la disputa por el mercado de las drogas. Al menos en once municipios de la región de Tierra Caliente la violencia generada por los Caballeros Templarios, Los Zetas y La Familia Michoacana ha rebasado la capacidad de respuesta de las autoridades estatales, produciendo zozobra y hartazgo en la sociedad en general.

3. Por ello, desde hace varios meses comenzaron a surgir los denominados grupos de autodefensa comunitarios.Así, a lo largo y ancho de la meseta purépecha y en la Tierra Caliente se ha desatado una cruenta lucha entre los grupos de autodefensa y los grupos criminales, lo que ha dejado decenas de personas muertas y heridas,además de desabasto de medicamentos, alimento y combustible, y la paralización casi total de la actividad económica y comercial de la región.

4. Esta semana el gobierno de Enrique Peña Nieto en voz del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, anunció el envío de 2 mil 500 efectivos del Ejército Mexicano acompañados de miembros de la Marina Armada, policías federales y de inteligencia al estado de Michoacán. Sin duda, la caótica situación en ese estado se ha convertido en una dura prueba para la estrategia de seguridad del gobierno peñista. Las fuerzas federales permanecerán en Michoacán hasta que haya paz, y según se dice desde Los Pinos: “No habrá ni pacto ni tregua con el crimen organizado”. Sin embargo, no deja de llamar la atención la declaración de Osorio Chong sobre los grupos de autodefensa al afirmar que ‘‘ya no tienen razón de ser’’, lo cual quiere decir que antes del arribo de las fuerzas federales sí eran necesarios los grupos de autodefensa para garantizar la seguridad de los ciudadanos. A esta situación ya no se refirió el encargado del despacho de Bucareli.

Con todos estos elementos sobre la mesa no es aventurado afirmar que la explosividad social de Michoacán está más cerca de agudizarse que de ser resuelta por el gobierno federal y el gobierno interino del estado.

ihuatzio@hotmail.com
@contodoytriques
FB/Eduardo González Velázquez

En su última visita a México el presidente Barack Obama, se comprometió a mantener la “estrecha cooperación” con el gobierno mexicano para reducir el consumo de drogas y la inseguridad. Foto Marco Peláez / La Jornada

R. Gil Kerlikowske*.- Al reunirse con el presidente Barack Obama y la presidente de Brasil, Dilma Rousseff, durante la pasada Cumbre de las Américas en Cartagena, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, hizo una importante declaración sobre el futuro de las políticas sobre las drogas en nuestro hemisferio: “Tenemos la obligación de ver si estamos haciendo lo mejor que podemos o si existen otras alternativas que puedan ser mucho más eficaces. Una solución podría ser: ‘todos los consumidores irán a la cárcel’. En el otro extremo está la legalización. En un punto medio, podemos encontrar políticas más prácticas”.

No podríamos estar más de acuerdo con el presidente Santos. Hoy sabemos mucho más que hace una década sobre la complejidad de nuestro problema común de las drogas. Las distinciones entre países “productores” y “consumidores” están desapareciendo: el consumo de cocaína ha disminuido considerablemente en Estados Unidos, mientras la demanda por esta droga se está incrementando en muchas naciones de América Latina.

Los innovadores avances en el campo de la neurociencia han contribuido significativamente a un mejor conocimiento sobre el tema de la drogadicción, que es el motor de gran parte de la violencia, inestabilidad y criminalidad en nuestro hemisferio, en el sentido de que se trata de una enfermedad crónica del cerebro que se puede prevenir y tratar con resultados positivos. Aunque el indiscutible éxito del Plan Colombia demuestra que la aplicación efectiva de la ley y los esfuerzos en materia de interdicción juegan un papel crucial en la lucha contra el crimen organizado y en la protección de la seguridad pública, también sabemos que no podemos solucionar el problema de la droga a punta de arrestos.

Existe un punto medio

El presidente Obama ha dejado muy en claro que cualquier decisión que afecte la salud pública y la seguridad ciudadana debe basarse en ciencia y evidencia, y no obedecer a ideologías ni dogmas. Por esta razón, el mes pasado el gobierno de Estados Unidos anunció una nueva estrategia, que aborda el desafío común de las drogas como un tema de salud pública y no sólo como una cuestión de orden público. Más importante aún es que la nueva política del gobierno de Estados Unidos rechaza las estrategias simplistas que han dominado las discusiones sobre las drogas en nuestro hemisferio.

La nueva estrategia hace énfasis en la prevención y el tratamiento, en lugar del encarcelamiento. Pero no se trata sólo de un cambio retórico: el presidente Obama solicitó más de 10 mil millones de dólares en el nuevo presupuesto para destinarlos a prevenir y disminuir el consumo de drogas en Estados Unidos. Esta suma representa, en el periodo de un año, más de lo que se ha invertido en el Plan Colombia y programas sucesivos desde el año 2000.

A partir del reconocimiento de que la drogadicción puede ser tratada, la nueva estrategia también ofrece apoyo para la mayor ampliación que se ha dado en toda una generación en cuanto a acceder a tratamientos contra adicciones. La ley de reforma a la salud brindará cobertura de seguro médico, incluyendo casos de problemas por abuso de sustancias, a cerca de 60 millones de estadunidenses.

Al ampliar programas innovadores como las cortes que se especializan en tratar a los adictos, enviaremos a centros de tratamiento a más de 100 mil individuos responsables de cometer delitos no violentos relacionados con drogas, en vez de encarcelarlos.

Por último, el nuevo plan también señala que como el consumo de drogas no es algo exclusivo de Estados Unidos, y con el fin de ayudar a tratar el creciente índice de consumo de drogas en muchos países de América Latina, vamos a compartir las más recientes investigaciones en materia de prevención y tratamiento con nuestros aliados alrededor del mundo.

La evidencia demuestra que la legalización de las drogas no es una solución viable para nuestro problema mundial con ellas. Las organizaciones criminales trasnacionales que trafican drogas son empresas muy diversificadas que también obtienen importantes ingresos por secuestros, trata de personas, extorsiones y corrupción. Es más, cuando las drogas están más fácil y ampliamente disponibles al público, los retos a la sociedad, a la salud y a la calidad de vida son monumentales. Debemos guiarnos por la neurociencia y la evidencia basada en las investigaciones científicas más recientes. Esta es la esencia de la política de Estados Unidos contra las drogas para el siglo XXI.

*Director de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas
de la Casa Blanca y asesor del
presidente Barack Obama en
política contra las drogas

Exclusivo para La Jornada

Hemos dejado en claro en el PRD que la socialización y la participación auténtica de la ciudadanía, son elementos básicos de nuestra agenda en el Congreso de Jalisco. La iniciativa de Libre Convivencia, que contempla un nuevo estatus civil para todos aquellos que quieran compartir un hogar y que no vulnera al matrimonio, surgió precisamente de la sociedad civil. Como fracción en el Congreso asumimos que nuestro deber es ser el altavoz de los ciudadanos, simplemente eso. Tras décadas de discusión y cero acuerdos en este polémico asunto, entendemos que es hora de llegar a consensos. Acuerdos que no le quiten derechos a nadie, sino que los extiendan para el disfrute social y colectivo. Para ello, nos propusimos invitar a la elaboración de la ley a especialistas en materia jurídica, activistas, periodistas y conocedores en la arena de la extensión de derechos. Quisimos erradicar la ingenuidad y las posiciones dogmáticas. Sabemos que como entendió Lech Walesa, el legendario líder del sindicato Solidaridad polaco, la democracia implica cesiones y negociaciones, sin ellas no hay acuerdos.

Agradezco a todos aquellos que han participado, directa o indirectamente, en el debate sobre esta iniciativa. La verdad es que como pocas veces en el pasado, existe un ánimo de acuerdo muy importante entre los legisladores y entre la sociedad en general. Nos hemos reunido con personas de distintos signos ideológicos, pero siempre bajo la base del respeto y la tolerancia. Entre todos existen dos coincidencias que queremos rescatar: es tiempo de llegar a acuerdos en esta materia y lo único que no se negocia son los derechos. No vemos posiciones dogmáticas en ninguno de los actores involucrados, por el contrario, identificamos apertura.

Hemos solicitado una conversación con el cardenal. Lo hacemos dentro del espíritu que resguarda el estado laico y la separación de la iglesia y el gobierno. La iglesia es una voz clave en estos debates, muchas veces ha sido una variable explicativa del fracaso de los proyectos de ley. No vamos a preguntar o pedir permiso, vamos a explicar y a intercambiar ideas. Libre Convivencia significa para nosotros uno de los proyectos de ley que puede incluir en una sociedad de derechos a todos aquellos que por decisión individual o no, se encuentran en un estado de desprotección de sus derechos humanos. Si todos llevamos nuestros ojos hacia esta injustica jurídica, pronto tendremos un avance muy importante en esta materia. De la misma forma en que decidimos no tomar en cuenta las palabras de aquellos que nos pedían no presentar la iniciativa porque Jalisco no estaba preparado, tampoco queremos que exista la idea de que no incluimos a alguien en un debate tan importante como el que estamos proponiendo.

Es importante que dejemos de clausurarnos uno al otro. Ya no podemos pretender avanzar en la agenda de necesidades del estado, si pensamos que el otro no tiene nada que aportar. Recordemos que el objetivo es tener cuanto antes una ley que nos represente y defienda los derechos de todos. Es indispensable avanzar todos juntos y sin cerrarle la boca a nadie. Lo peor que le puede pasar a una iniciativa que pensamos que puede destrabar este debate, es ser presa de una campaña de miedo y de desinformación. El espíritu de la ley de Libre Convivencia es la inclusión y la igualdad, por lo tanto su discusión debe tener esas características. Queremos escuchar a todos, que nadie se quede fuera.

El gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle junto con el presidente del PAN, Gustavo Madero y el presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera ofrecieron una conferencia de prensa en la sede del PAN. Foto Notimex

Jorge Rocha.- No cabe duda que la clase política en México sigue en su proceso de degradación que la desvincula cada vez más de las demandas y necesidades de las y los ciudadanos, y que por esta razón se afecta a la democracia, a la vigencia de los derechos humanos y al logro de un verdadero desarrollo. Parece que la clase política mexicana, salvo honrosas excepciones, sigue empecinada en su loca carrera por escalar puestos políticos, motivo por el cual se mantienen en permanente campaña electoral, además de darle juego a los intereses capitalistas al favorecer sus negocios y aprobar leyes para darle certidumbre a las necesidades del capital. Lo demás pasa a segundo término, sobre todo si estorba a los dos objetivos ya mencionados.

En esta semana hemos sido testigos de dos crisis políticas auto generadas, la primera es a propósito del conflicto entre Felipe Calderón y Gustavo Madero por el control de lo que queda del Partido Acción Nacional (PAN) y la otra fue por las declaraciones del priísta Héctor Robles Peiro, presidente municipal de Zapopan, que dio a conocer su estrategia de seguridad para contener el problema de las pandillas en aquel municipio, que consiste de acuerdo a su propio dicho, en repartir macanazos.

En el primer caso parece que el blanquiazul se desmorona después de sus doce años de gobiernos federales y en el caso de Jalisco de casi dos décadas de controlar al ejecutivo estatal. Primero experimentaron la peor derrota electoral en los últimos años 20 años, luego su militancia languideció porque la bolsa de trabajo panista había llegado a su fin y porque en algunos estados ya nada quedaba de aquel PAN que buscaba la democracia en el país, y ahora con el partido desvencijado, dos grupos de poder se pelean el control de los restos, por un lado Felipe Calderón que a través de Ernesto Cordero quiere seguir teniendo una fuerte injerencia en el partido y por otro lado Gustavo Madero que logró a través del Pacto por México, seguir teniendo algunos resquicios de poder al buscar aprobar algunas de las reformas estructurales neoliberales que pretende impulsar Enrique Peña Nieto. Frente a este conflicto que profundiza la crisis panista, cinco ex gobernadores demandaron a los grupos en confrontación que limen asperezas y que resuelvan sus problemas internamente.

Lo que es un hecho es que el PAN sigue cayendo en el vacío político, que no se visualiza una agenda política propia, que no tiene liderazgos visibles que cuenten con la simpatía ciudadana y que probablemente recuperarse de esta crisis que parece no tiene fin, les cueste por lo menos una década para volver a tener cierta competitividad electoral. Ahora parece que el único papel que pueden jugar es ser el partido comparsa del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Por otro lado Héctor Robles expresó que en los operativos antipandillas de la policía de Zapopan les propinaban macanazos a jóvenes que presuntamente cometían delitos o faltas administrativas, y agregó que una persona bajo el influjo de las drogas no era persona, sino una gente perdida. Esta declaración se convirtió en un escándalo que ya alcanzó dimensiones nacionales y le generó al joven presidente municipal una enorme crisis política que ya dejó como saldo la remoción del director de la policía municipal.

Las declaraciones y las reacciones después del inicio de la crisis dejan entrever por lo menos tres graves problemas: la primera es que no existe, o el presidente municipal no lo conoce, una estrategia adecuada para resolver este problema, es evidente que a macanazos nadie soluciona nada (la experiencia del calderonismo es la evidencia empírica más contundente), la violencia no se combate con más violencia. En segundo lugar la declaración deja entrever, que no existe, o el presidente municipal no la conoce, una política de respeto de los derechos humanos en el municipio, primero porque los macanazos como método para operativos representan una violación a los derechos humanos y segundo, porque considerar que un joven bajo el influjo de una droga pierde su condición de humanidad denota un profundo desconocimiento sobre lo que son los derechos humanos. Absolutamente nadie, y menos una autoridad, puede negar la humanidad a nadie por este hecho, incluso las personas sentenciadas por cometer un delito, sólo son privados de dos derechos por el tiempo que dure su condena: la libertad y a votar y ser votado. El tercer error derivado de la crisis política es el intento de Robles Peiro de minimizar el asunto, de tratar de justificarlo como unas “declaraciones lamentables y desafortunadas” sus dichos, luego expresó que mantendría a su jefe de policía al que luego tuvo que destituir y declaró que en este asunto había que “darle vuelta a la página” cuando la crisis ya había estallado.

En cualquier democracia sólida una crisis política de este tipo amerita la renuncia al cargo, y una respuesta mínima ante la crisis hubiera implicado por lo menos: a) pedir disculpas públicas a la ciudadanía de Zapopan, pero sobre todo a las y los jóvenes agraviados, a los macaneados y a los que se les negó la condición de humanidad; b) la presentación de la estrategia integral de seguridad ciudadana para contener el problema de las pandillas en aquel municipio; y c) dar a conocer a la opinión pública la estrategia concreta para hacer vigentes los derechos humanos en el municipio, a los que constitucionalmente está obligado a garantizar y respetar.

Un asunto adicional que resulta preocupante son los intentos en la opinión pública de minimizar el hecho, ya sea por desconocimiento o por tratar de hacer un control de daños, sobre el impacto de las declaraciones del presidente municipal de Zapopan. Esperemos que esta clase política entienda que cada vez será más difícil pasar sobre los intereses ciudadanos y sobre el respeto de los derechos humanos, el costo político será más y más alto y se perfila que el camino para mantener la carrera política es sencillo: responder a las demandas y necesidades ciudadanas en el marco de los derechos humanos. Ni más, ni menos.

jerqmex@hotmail.com

Jesús Silva-Herzog Márquez

Eduardo Reyes Lara.- Desde hace más de 20 años la organización civil estadunidense Human Rights Watch describió: “En México se sigue privilegiando el uso de la arbitrariedad y la fuerza para resolver los reclamos sociales y los múltiples problemas de seguridad y justicia que nos aquejan; y los operadores de las instituciones encargadas de ello, así como una buena parte de la clase política, gozan de inmunidad para hacerlo”.

Extraordinaria afirmación que contextualiza la reciente declaración del presidente municipal de Zapopan, doctor Héctor Robles, sobre su política juvenil y de seguridad pública: “Yo les puedo decir que en los operativos antipandillas, todos las noches agarramos a macanazos a más de 70 jóvenes. Y esos más de 70 jóvenes, a lo mejor dos o tres tienen órdenes de aprehensión, a lo mejor uno, dos o diez tienen droga en su poder y son consignados. Pero los otros 60 son soltados, porque son faltas administrativas, y van a seguir generando problemas de vandalismo, y van a seguir generando problemas de drogadicción, y van a seguir generando problemas de inseguridad”.

Del presidente municipal de Zapopan, que se dice, tiene amplios y bastos estudios en universidades prestigiosas en el país y en el extranjero, debería saber que sus declaraciones no son simplemente “desafortunadas” y debe asumir su consecuencia con responsabilidad.

Debe saber que el operativo del que nos cuenta distraídamente se llama razzia y viola por lo menos diez derechos humanos, se basan en la estigmatización de diversos grupos en su mayoría socialmente vulnerabilizados y no han demostrado jamás su efectividad en la prevención del delito. Si la impecable formación del alcalde no lo ha llevado por esos rumbos, le recomiendo la lectura del artículo 1º Constitucional, le prometo que será breve. Ahora que si dispone de tiempecito lea la sentencia del Caso Bulacio Vs. Argentina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que se dé una idea de las consecuencias de sus decisiones.

A lo mejor es mucho pedirle, pero debe entender que la historia de la relación entre el poder, los cuerpos policiales y la población está compuesta de una sucesión de simulaciones, en las que la justicia, la seguridad y la paz son las primeras ausentes.

Los policías son literalmente maltratados por sus superiores, reciben órdenes arbitrarias, sin poder replicar a ellas de ninguna manera, no cuentan con el equipo para realizar su trabajo, no son respetados, ni apoyados y no cuentan con certidumbre laboral. Tampoco son formados en una cultura de democracia, diálogo y manejo de conflictos. La actividad policial se organiza en función al mando. Sin importar de qué se trate, el policía solamente espera la orden del mando. Por supuesto, los policías replican a su vez las formas relacionales en las que se desenvuelven cotidianamente, ahora frente a la población.

Si bien queda claro que elecciones libres y democracia no son sinónimos, todavía parece no estar tan claro cómo llevar a cabo la democratización de la estructura institucional de gobierno, el lastre autoritario es una causa principal de la inexistencia de un Estado democrático de derechos basado en el imperio de la ley, en donde todos sean iguales ante ésta y ésta sea igual para todos. Es evidente que México padece una seria debilidad institucional, especialmente en materia de mecanismos de control del poder, lo cual incentiva la corrupción y una cultura de incumplimiento de las leyes existentes y una violación sistemática de los derechos humanos.

En muchas ciudades del país la gente se siente amenazada e insegura, el espacio público es visto como una amenaza y por tanto se abandona. Violencia, crimen, muerte, inseguridad e impunidad son palabras que resuenan con demasiada frecuencia en las noticias diarias, pero también en nuestras conversaciones, en las reuniones sociales, en el trabajo, en las redes sociales. Se han convertido en los elementos centrales de nuestro paisaje diario y nuestro imaginario social. Forman parte de esa sensación de vulnerabilidad que nos acompaña permanentemente.

Y para enfrentar este desastre, nuestra poco creativa clase política acude a los lugares comunes de redoblar los patrullajes, armar a los policías hasta los dientes, despedir a uno que otro funcionario y pedir más presupuesto para seguridad, para distraer la atención, simular preocupación y calmar la demanda social, pero al correr de los años, el problema ha pasado de ser grave a inmanejable. Pero de reforma policial, nada.

El alcalde zapopano debería saber que tiene una doble responsabilidad en materia de derechos humanos: abstenerse de vulnerar, violentar, lesionar o transgredir los derechos de las personas y, al mismo tiempo, realizar las tareas tendientes a proteger, promover y garantizar los derechos. Se trata de un imperativo que vale para todos los ámbitos de acción de la gestión pública: desde el diseño, articulación e implementación de las políticas económicas hasta el ejercicio de las delicadas tareas de seguridad y procuración de justicia. La obligación de los gobiernos es con todos los derechos –de libertad, políticos y sociales– y en todo momento. Se trata de una obligación prioritaria por lo que todas las políticas públicas deben estar orientadas a brindarle cumplimiento, no es un asunto opcional, ni ideológico, es su responsabilidad, si la incumple no tiene nada más que hacer en el puesto.

Y es que mientras regidores de Zapopan de los partidos de oposición piden incrementar las medidas para garantizar la seguridad a los habitantes de éste municipio, el sábado pasado leía en redes sociales como un padre de familia narraba la forma tan cruel como fueron secuestrados en su propio domicilio, él junto a su familia, amordazados y en todo momento amenazados con pistola apuntándoles, con suma impotencia y rabia, asustados y angustiados veían como los maleantes se robaban todos los bienes que poseían.

Desafortunadamente este episodio se repite en otros domicilios y espacios públicos donde antes las familias podían acudir a pasar un rato de esparcimiento y recreación. En muchas colonias ya se organizan los vecinos, con sus limitados medios, para autoprotegerse, pues parece que son inútiles los llamados que la ciudadanía hace a quienes tienen la responsabilidad de salvaguardad la integridad de sus gobernados.

Es lamentable como, por ejemplo, mientras estos hechos ocurren ante las miradas indolentes de la autoridad, el presidente de Zapopan, Héctor Robles Peiro, presume que todas las noches durante los operativos antipandillas agarran a macanazos los policías, de ese municipio, a un promedio de 70 jóvenes.

De acuerdo con la revista Proceso, Robles Peiro aseguró que “yo les puedo decir que en los operativos antipandillas, todos las noches agarramos a macanazos a más de 70 jóvenes. Y esos más de 70 jóvenes, a lo mejor dos o tres tienen órdenes de aprehensión, a lo mejor uno, dos o diez tienen droga en su poder y son consignados”.

Y agregó, “pero los otros 60 son soltados, porque son faltas administrativas, y van a seguir generando problemas de vandalismo, y van a seguir generando problemas de drogadicción, y van a seguir generando problemas de inseguridad”. Además aseguró que en referencia a las personas que están bajo el influjo de alguna droga “no es una persona, se convierte literalmente en un ser perdido”.

¿Esas son las estrategias para disminuir la delincuencia? La ley de la selva, independientemente que existen aristas muy diversas que se pueden analizar y profundizar en el comportamiento de las pandillas callejeras, es muy lamentable que lejos de buscar restablecer el tejido social con estrategias que vayan más en función de trabajar con la familia, la ciudadanía y la juventud, se transgreda la integridad de la dignidad humana de esos jóvenes.

No se pueden justificar conductas discriminatorias y que atentan contra los derechos humanos, pues si a decir del presidente municipal de 70 jóvenes un promedio de diez puedan tener antecedentes o poseer droga, ¿qué pasa con los 60 restantes que quizás lo único que buscan es un espacio donde puedan sentir que son “alguien”?

Paradójicamente, mientras los policías de Zapopan atacan a macanazos “a los pandilleros”, la delincuencia organizada hace de las suyas en las colonias del municipio, yo creo que el padre de familia de quien inicié hablando como muchos otros que han sido víctimas de la delincuencia quisieran ver la misma acción contra esos malhechores como la que tienen con las pandillas.

Estas acciones lamentablemente se dan a pesar de que se logró un recurso importante para la ZMG en materia de prevención del delito que supera los 95 millones de pesos, sin embargo el recurso no ha llegado a los gobiernos municipales, toda vez que todo lo concentra el gobierno del estado a través del consejo estatal de seguridad pública.

Por ello es importante que se atienda integralmente esta problemática, no debemos permitir que secuestren nuestra tranquilidad y la de nuestras familias, desde este espacio me sumo a la exigencia de la ciudadanía que clama por que sea garantizado su derecho a la seguridad para vivir en paz.

Internet es una red informática descentralizada, que para permitir la conexión entre computadoras opera a través de un protocolo de comunicaciones. Para referirnos a ella además se utiliza el término “web”  en inglés, refiriéndose a una “tela de araña” para representar esta red de conexiones. En palabras sencillas, Internet es un conjunto de computadoras conectadas entre sí, compartiendo una determinada cantidad de contenidos.

En México, Internet tiene sus orígenes a finales de la década de los 80, y según estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en México solamente el 30% de la población tiene acceso a Internet, es decir, cerca de 40 millones de mexicanos, esto sin contar a la gran mayoría de la población que ni siquiera cuenta con una computadora en hogares, escuelas y centros de salud y ya no se diga los que habitan en las zonas rurales y regiones más marginadas, que son los que tienen menos posibilidades de acceder al Derecho a la Información.

México es el país miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) que está en el último lugar en acceso a Internet, además de tener el servicio más costoso, incluso por encima de países como Francia, Portugal e Inglaterra.

En relación a este tema Eduardo Bohórquez, mencionó en el prólogo que plasmó en el cuadernillo de transparencia, denominado Acceso a la Información: Un derecho de avanzada en Jalisco, quien entre otras cosas valoró que el acceso a la información pública es también una herramienta que debe reforzar mejores relaciones entre ciudadanía y gobierno a efecto de facilitar la gestión pública, planteando la necesidad de seguir enriqueciendo la agenda de investigación en el estado y de renovar la mirada hacia el futuro, y lo cual indudablemente está ligado a una de las herramientas principales que se tienen para accesar a la información pública como lo es Internet.

Por razones por demás obvias, nuestros gobernantes, senadores y diputados, deben hacer más accesible el Internet para la población y legislar sobre el apartado de telecomunicaciones, específicamente en lo que se refiere a Internet ya que no se trata de un artículo de lujo, sino del derecho democrático y constitucional que tenemos toda la población de informarnos y que debe de garantizar el Estado.

Es necesario mencionar lo importante que resulta para los usuarios de Internet en el estado de Jalisco, solicitar información pública a los sujetos obligados a través del sistema Infomex administrado en Jalisco por el Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco (Itei), y del cual el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (Ifai) definió las necesidades técnicas del Sistema y la importancia que representa la incorporación y participación en el funcionamiento de dicho Sistema a los sujetos obligados, lo cual implica tener servicio de red siempre disponible y recopilar todos los requerimientos y necesidades específicas de los usuarios, con la finalidad fundamental de proporcionar la información pública, así como homologar y por tanto, facilitar la experiencia de solicitar información al gobierno en todo el país.

Las nuevas tecnologías de la información han generado una transformación en las relaciones interpersonales dentro de la sociedad, es decir, a pesar de las grandes ventajas que ofrece Internet, también existen riesgos relacionados con nuestros datos personales.

Así pues, el consumo de información es esencial para nuestra vida cotidiana, es por eso que el derecho de acceso a la información se presenta como una solución normativa a todas las coyunturas de las relaciones entre la sociedad y las comunicaciones.

Hoy en día, nadie se puede quedar fuera de esta red, el Internet debería estar presente en todo a lo que nos dedicamos. Muchos estudios, trabajos, funciones empresariales y de salud, no se conciben sin Internet. Así de simple.