Comunidad y esperanza ante la inseguridad

• Esperanza y comunidad pueden ser un binomio que nos ayude a contrarrestar lo que sucede en nuestro entorno

Aún no hay avances sustantivos para esclarecer el asesinato del ex secretario de Turismo Jesús Gallegos. Foto Arturo Campos Cedillo

Aún no hay avances sustantivos para esclarecer el asesinato del ex secretario de Turismo Jesús Gallegos. Foto Arturo Campos Cedillo

Jorge Rocha.- Ya empezamos el sexto mes desde que iniciaron las administraciones municipales; ya no cabe en ellas decirles que son “nuevas”, es más, en unos días más tendrán medio año en el gobierno local. También ya pasaron cuatro meses completos del gobierno de Enrique Peña Nieto y prácticamente nadie habla del legado (¿lo hubo?) de Felipe Calderón, que sin duda se instala como uno de los peores presidentes que ha tenido este país en su historia contemporánea. Por otro lado, Aristóteles Sandoval ya cumplió su primer mes como gobernador, que empezó con más pena que gloria y lo único verdaderamente importante que ha hecho hasta ahora es el anuncio de un acuerdo con los concesionarios para mejorar el servicio de transporte público. Habrá que ver si efectivamente éste se lleva a cabo o es un simple acto mediático de relumbrón para aminorar la tormentosa semana que vivió el gobierno del estado con las fuertes críticas de los grupos de sociedad civil interesados en el tema, y con el amparo que lograron los diputados del Movimiento Ciudadano para impedir el aumento de las tarifas de los servicios de transporte.

Pero, pasando al tema central de esta entrega, lo que quiero señalar es que en materia de inseguridad pública las cosas siguen igual. Hay pactos, propuestas, planes, aprobación de legislaciones, creación de nuevas instancias, pero en el tema más sentido por la mayor parte de la población, que es la inseguridad pública, no hay cambios, no hay avances; por el contrario, siguen las ejecuciones, permanece la violencia, se mantienen los delitos de alto impacto y las cifras de personas asesinadas muestran que simplemente las tendencias permanecen como las dejó Calderón. Incluso todavía no existe una versión verosímil y creíble sobre las explosiones en la torre B2 de Petróleos Mexicanos o, en el caso local, no hay avances sustantivos para esclarecer el asesinato del ex secretario de Turismo Jesús Gallegos. Es decir, se pregonaba el cambio y las cosas están igual.

Se pide tiempo, que habrá avances, pero hasta ahora no se vislumbran modificaciones que apunten a transformaciones de fondo; el país sigue sumido en esta grave crisis de inseguridad y los efectos negativos de ello no dejan de aparecer y profundizarse. Incluso ante la evidente incapacidad del Estado de enfrentar este problema, en algunas zonas del país hemos sido testigos de la aparición de grupos de autodefensa o de policías comunitarias. Más allá de analizar con detalle las alternativas que ofrecen para resolver el tema de la inseguridad y su viabilidad, son una muestra fehaciente de que en vastas regiones del país simplemente el Estado ha dejado de garantizar este derecho y ante estos hechos, buena parte de la clase política sencillamente condena estas experiencias sin asumir la responsabilidad que le compete en el asunto. Es más, hemos llegado al punto de que parecería que la falta de videocámaras de buena calidad colocadas en los principales nodos de la ciudad es la razón por la cual las policías no pueden desarrollar debidamente su función de investigación, y sin dejar de castigar a los que pudieron hacer negocios con este tipo de proyectos, no podemos aceptar que la incapacidad de investigar esté determinada por la ausencia de videos (en una sociedad que todo graba). Esto sólo refleja mediocridad y una preocupante falta de capacidades para la investigación policiaca. Quizá el único caso exitoso en este tema hasta ahora, es la captura de las personas que supuestamente atentarían contra los hermanos Monreal del Partido del Trabajo, hecha por la Procuraduría General de la República y el CISEN.

Otro de los signos que muestraN con nitidez que el problema de la inseguridad pública está desbordado, son la amenazas que se enfocan a las personas que defienden los derechos humanos de otros. Cuando una sociedad es incapaz de asegurar la integridad física y psicológica de los que defienden los derechos de la colectividad o acompañan estas luchas, estamos ante una comunidad inmersa en la violencia, de una comunidad intimidada y que es presa del miedo, de una sociedad que vive bajo la necropolítica, dirían algunos estudiosos de estos temas. Es más, cuando la protesta social es criminalizada y la respuesta del Estado ante las exigencias de vigencia de los derechos es la represión, se cierra el circulo de la violencia, ya que estamos ante una sociedad que está en medio (y con miedo) de los intereses de la delincuencia organizada, por un lado, y la represión estatal por otro, y donde además vivimos en un Estado esquizofrénico que dice garantizar derechos, pero que deja en la indefensión a su población y no garantiza los esfuerzos de la propia sociedad por defenderse. A fin de cuentas, el resultado es una sociedad inmovilizada que no puede defender sus derechos.

El pegamento que intenta soportar este círculo de violencia son los discursos de los intelectuales que condenan las expresiones de protesta social, que piden comprensión para las autoridades aduciendo que todavía no pueden dar resultados e infunden miedo a la población pidiendo desconfiar de todo y de todos, salvo de ellos claro.

Quizá ante todo este escenario pueden generarse alternativas desde la comunidad y la esperanza. Reconstituyendo la comunidad como el espacio donde más que cerrarnos, nos abrimos y compartimos y nos aseguramos, pero además apoyando las iniciativas para que los que defienden los derechos de los demás o acompañan las luchas de otros lo puedan seguir haciendo. Para lo segundo, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los derechos para todas y todos”, puso en marcha la campaña Defendamos la esperanza, que tiene como objetivo mostrar el impacto positivo de experiencias específicas de defensa de derechos humanos en nuestro país y con ello desterrar la nefasta idea creada desde el poder de que los que abogan por los derechos humanos defienden delincuentes. Esperanza y comunidad pueden ser un binomio que nos ayude a contrarrestar lo que sucede en nuestro entorno, sin dejar de exigir con firmeza que los gobernantes cumplan con uno de sus deberes sustanciales: garantizarnos seguridad.

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La Jornada
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