Cardenal condena que alza al pasaje coincida con regreso a clases

Redacción.- En la más reciente edición de Semanario, el cardenal José Francisco Robles Ortega, arzobispo de Guadalajara, opina que el incremento aprobado al transporte público

El arzobispo de Guadalajara pidió a las autoridades que reconsideren el aumento, ya que es injusto para la mayoría de la población. Foto HŽéctor Jesœús Herná‡ndez

Redacción.- En la más reciente edición de Semanario, el cardenal José Francisco Robles Ortega, arzobispo de Guadalajara, opina que el incremento aprobado al transporte público –que entrará en vigor el 31 de agosto– representa una medida inoportuna para el grueso de la población, pues coincide con el regreso a clases y los gastos que eso implica para las familias.

Avaló por lo anterior la indignación de la gente contra esta medida “injusta” e hizo un llamado a que las autoridades reconsideren la decisión.

“Qué decir de las legislaturas, acostumbradas a votar por sus propios y escandalosos aumentos de un salario que no se justifica ni por su trabajo ni por sapiencia y experiencia invertidas. Los Congresos, todos, debieran tener criterios morales y tabulaciones más socializadas para el ejercicio de su poder. O al menos una decencia acorde a las carencias apremiantes de nuestro pueblo”, señala el editorial.

Además, el texto retoma el tema electoral y las impugnaciones que aún analizan los tribunales; en ese sentido, el Semanario sostiene que hay evidencias para presumir que hubo inequidad en la contienda y que se utilizó dinero de “dudosa procedencia”.

“Fue de escándalo el dinero invertido en los recientes comicios. A eso habrá que añadir las millonadas de dudosa procedencia y de difícil rastreo. Se dice, entre ciertos políticos y en las chorchas de pasillo: “Los acusamos de corruptos y ladrones, no de ser tarugos”. Hay constancia de prebendas y dádivas ofrecidas a diestra y siniestra para usufructuar el voto libre, enganchado a una torpe ganancia. El sufragio conseguido de quien tiene necesidad o de quien es seducido por el lucro, cambia, por supuesto, la propiedad del pecado cometido. Los millones de deuda que dejan municipios y estados, agujero facturado por haber “invertido” en su candidato de compromiso, es traición a la democracia y porquería que clama al Cielo. Se transgrede, de plano, la regla de la equidad”.

La Jornada