López Castro y Compañía, una empresa que sólo conocen los diputados

Mauricio Ferrer.- Consultores López Castro y Compañía es una firma de la que se habla mucho, pero de su existencia sólo los diputados locales saben.

Mauricio Ferrer.- Consultores López Castro y Compañía es una firma de la que se habla mucho, pero de su existencia sólo los diputados locales saben.

La empresa contratada durante la legislatura pasada, la LVIII, para recuperar beneficios fiscales, tiene su domicilio en la calle Luna, con el número 2910, en la colonia Jardines del Bosque, en Guadalajara.
Para ser una consultora que exige al Congreso del Estado el pago de 58.6 millones de pesos se esperaría algo mejor que un despacho que convive con otros que albergan: una policomercializadora, una compañía de servicios de seguridad privada (Servicios Country de Seguridad Privada, SA de CV), y una empresa de cosméticos. Sí, así es, la marca Duleir. Ahí, entre la firma que demandó al Poder Legislativo por una millonaria cantidad y los guardias de seguridad privada abundan en las paredes de tablarroca de color lila los rímeles, el maquillaje para el rostro, los barnices de uñas y los catálogos de los productos Duleir, disponibles en cualquier tienda de autoservicio.
En Google, teclear “Consultores López Castro y Compañía” da como chorrocientos mil resultados. Para ser exactos, 236 mil.
Una página, nada, dos páginas nada, tres, cuatro, 10, 15, 20, 25, 30… nada. López Castro y Compañía sólo se conoce en los medios de comunicación. Son noticia en La Jornada Jalisco, en La Jornada, en Milenio, en Mural, en Notisistema, en Radio Universidad. Pero sobre su ubicación, el buscador no encuentra nada.
La Sección Amarilla puede ser más fructífera en un caso así. Porque ya lo dice el eslogan “Sí funciona, y funciona muy bien”.
La última edición de las páginas amarillas de Jalisco remite hasta la página 1581 a López Castro. “Consultores López Castro y Compañía. Luna 2910 CP 44520… 3122-6519”.
Tono de marcación. Tono de respuesta: “lo sentimos, el número que usted marcó, no existe, favor de verificarlo, gracias”, agradece la voz femenina grabada.
El “040” quizá esté más actualizado. Contesta una mujer, presencial desde el otro lado de la línea y pide los datos de la compañía. Y la calle, por si acaso. Después de unos segundos, otra voz femenina en grabación confirma: “lo sentimos, bajo ese nombre no hay un teléfono registrado”.
Impuestos, beneficios fiscales, consultores, el campo semántico es el de la contabilidad. Sólo dos colegios de Contadores Públicos existen en Jalisco. Uno se llama tal cual “Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara” y según su página electrónica, el único asociado por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) que tiene a 60 colegios y a más de 18 mil socios, pero en él López Castro no figura.
El segundo, el Colegio de Licenciados en Contaduría Pública, creado en noviembre de 1984 y afiliado a la Asociacion Mexicana de Colegios de Contadores Públicos tampoco tiene en sus filas a López Castro y Compañía, según confirma la recepcionista. “No tenemos ningún socio así”, dice ella.
Pero en Luna 2910 otra chica de cabellos rojizos que atiende a la entrada del lugar dice que sí, que ahí está la consultora que demandó al Congreso de Jalisco por 58.6 millones de pesos por incumplimiento de pago.
Y es que según López Castro y Compañía, que interpuso la demanda en mayo de 2010, recuperó recursos para el Poder Legislativo por casi 92 millones de pesos. De ahí que exigió su pago, que según el contrato firmado en marzo de 2009 por el ex secretario general del Congreso, Alfredo Argüelles Basave, sería de casi el 40 por ciento de lo que se recuperara por el pago de impuestos del Congreso local.
La semana pasada el coordinador de la fracción del PRI en el Congreso del Estado, el diputado Roberto Marrufo Torres, aseguró, con documentos de Hacienda en mano, que la consultora no había recuperado nada. Y que por eso, no sólo no le iban a pagar sino que hasta la iban a demandar.
Hasta ahora López Castro y Compañía no ha salido a declarar nada. Un diario local documentó en 2010 que los apoderados legales de la empresa eran José Cenobio Ruiz Bonilla, Urías González Esqueda y Filiberto Ruiz Gómez; los tres llevaron el caso del ex alcalde de Tonalá, el panista Jorge Vizcarra Mayorga, preso en 2008 por los delitos de delincuencia organizada y el homicidio del ex director de Mejoramiento Urbano del municipio, Carlos Romo. Vizcarra salió libre en 2009 luego de que un juez determinara que no había elementos para tenerlo encarcelado.
Ruiz Bonilla fue funcionario municipal en Guadalajara durante la administración del panista Alfonso Petersen Farah. Los otros dos, González Esqueda y Ruiz Gómez, están vinculados también con el PAN. El primero fue candidato por la alcaldía de Cuquío en 2009. El segundo fue presidente del Comité Municipal Electoral en 2009, ¿a qué no sabe dónde? ¡En Cuquío! Eso lo reveló ese mismo año Cosme Luna, quien era presidente del PRD en ese municipio.
Ese mismo año, en 2009, según los llamados “trascendidos” en el Congreso local fue conformada López Castro y Compañía, ex profeso de la necesidad de la anterior Legislatira por recuperar impuestos.
El mismo secretario general actual, José Manuel Correa Ceseña, ha declarado –a título personal– en varias ocasiones, que él “supone” que se retenían los impuestos, pero que iban a dar al gasto corriente del Congreso local.
Pero acá, lejos de Cuquío y a tres años de 2009, la chica de cabellera rojo cobre Duleir, dice que el encargado del despacho de López Castro y Compañía se llama Gustavo Plazola. Y le marca. Y no le contesta el señor Plazola. Y dice ella que “a veces viene, a veces hasta las 5:30, a veces no viene”. Y me pide el teléfono y asegura que se lo dará a Gustavo Plazola para que me llame. Y asegura que el teléfono de ahí, de esa casa con el número 2910 de la calle Luna, en Jardines del Bosque, no es el mismo para ninguna de las empresas de belleza o fiscales que conviven entre las paredes lila marcadas por la mugre. Y por supuesto el tal señor Plazola nunca marcó y todavía ayer por la tarde tampoco estuvo.
La empresa que exige los 58.6 millones de pesos, desconocida para muchos, conocida para un selecto club legislativo, es un misterio para el resto de los mortales.