Preocupa a expertos que instituciones permitan destrucción de zonas arqueológicas

Alejandro Velazco.- “Estamos preocupados de que el gobierno federal, en colaboración con gobiernos estatales, municipales y autoridades del INAH, permita la destrucción y privatización de

Alejandro Velazco.- “Estamos preocupados de que el gobierno federal, en colaboración con gobiernos estatales, municipales y autoridades del INAH, permita la destrucción y privatización de zonas arqueológicas”, detalló Rafael Sandoval, investigador del Centro en Jalisco del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), al anunciar el desacuerdo de los trabajadores del instituto con diversas irregularidades en la zona arqueológica de Tzintzuntzan, Michoacán, y la privatización de áreas pertenecientes a los fuertes de Loreto y Guadalupe, en Puebla.
María Gracia Castillo, delegada sindical de investigadores del INAH Jalisco; Cuauhtémoc de Regil, miembro del área de Arquitectura de Monumentos Históricos y José Ernesto Juárez, delegado sindical de técnicos administrativos de la Organización Nacional del Instituto, mostraron su inconformidad por lo que aseguraron son violaciones a normas nacionales e internacionales, al destruir la historia de los sitios mencionados.
En el caso de Tzintzuntzan, recordó Castillo, se están alterando las pirámides de los restos arqueológicos, a fin de construir una plataforma sobre uno de los restos y sobre ella colocar un museo, por lo que “se invadió el área poligonal, en donde no se puede hacer este tipo de cosas”.
Mientras que en el caso de los dos fuertes de la batalla del 5 de Mayo en Puebla, se destruyó el entorno y se hicieron modificaciones para pasar de museo cívico a uno más tendiente a lo religioso.
Denunció que en dicho lugar se destruyó una parte del cerro a fin de hacer obras para un estacionamiento que ya está concesionado a una empresa particular, además de que están por iniciar las obras para construir un hotel en la zona.
“En México existen más de 60 mil sitios arqueológicos, nosotros nos vemos rebasados porque el gobierno federal destina más recursos a otras cosas”, recalcó la investigadora.
También detalló el caso en Jalisco de Los Padres, zona arqueológica que en 1980 estaba constituida por 80 hectáreas y que a causa de las invasiones, a la fecha sólo cuenta con 10 hectáreas, que se encuentran divididas por una calle que se construyó en la administración de Arturo Zamora como alcalde de Zapopan.
Los representantes laborales de los gremios del INAH indicaron que todos estos casos representan violaciones a la propia ley de la dependencia y que emanan de una política de estado que tiende a convertir los bienes nacionales en mercancías para industrias turísticas y la acumulación de dinero.
Asimismo indicaron que, pese a contar con una planta laboral de 900 investigadores, el organismo federal contrata arqueólogos e investigadores por fuera para hacer trabajos.
Los trabajadores del instituto exigieron la destitución de Nelly Robles, coordinadora de Antropología, ya que aseguran dirige obras que no le corresponden y por manejo de presupuesto de manera irregular, así como la del director general del INAH Alfonso de María y Campos.
También pidieron el paro de las obras de Tzintzuntzan y en los fuertes de Loreto y Guadalupe, además solicitaron una auditoría en el INAH que detalle en qué se gastan los recursos y las especificaciones técnicas de los proyectos, por lo que comenzarán con una serie de movilizaciones.