Lavado de dinero y elecciones

Eduardo González Velázquez.- ¿Quién o quiénes podrían estar en contra de que se aclare conforme a derecho la elección presidencia? ¿A quién o a

Eduardo González Velázquez.-

¿Quién o quiénes podrían estar en contra de que se aclare conforme a derecho la elección presidencia? ¿A quién o a quiénes les beneficia la imposición de un candidato sin importar el precio de llevarlo a la silla presidencial? ¿Qué instituciones podrían estar de acuerdo en convalidar una presidencia que muestra vicios de origen en el proceso electoral? ¿Cuál es la razón de apresurar los tiempos políticos-electorales para la calificación de la elección del 1 de julio por parte de Enrique Peña y Felipe Calderón, si como ambos afirman, ganó el priista? ¿Por qué al paso de los días continúan mostrándose más evidencias del uso de dinero de oscura procedencia para financiar la candidatura peñista? ¿Por qué el Instituto Federal Electoral (IFE) desestima cualquier evidencia de fraude electoral en lugar de investigarla? ¿Por qué insisten las autoridades electorales en que la elección fue limpia, y que en caso de existir algunas irregularidades, éstas no serían suficientes para anular la elección? ¿Por qué cada vez son más las voces oficiales y oficiosas que piden darle la vuelta a la página electoral, y que recriminan el proceder de López Obrador dentro de los cauces legales para impugnar la elección? ¿Qué hay detrás de los discursos “intelectuales” empeñados en nombrar lo innombrable de la jornada del primer domingo de julio? Son demasiadas preguntas cuyas respuestas apuntalan la tesis de que detrás de la elección presidencial del 1 de julio se encuentran en evidente maridaje los poderes económicos y políticos, las instituciones de la república, el duopolio televisivo, el Partido Acción Nacional y el Partido Revolucionario Institucional.
Esta semana, el candidato presidencial del Movimiento Progresista, Andrés Manuel López Obrador, presentó documentación para argumentar que EPN se habría beneficiado con dinero de procedencia ilícita para pagar parte de la campaña electoral, así como comprar cientos de miles de votos. Los documentos mostrados por AMLO demuestran una triangulación de fondos hasta por 106 millones 914 mil pesos (La Jornada, 19 de julio de 2012). Además se ha evidenciado el uso de más de nueve mil tarjetas de Monex con saldos de entre 15 mil y 20 mil pesos en cada tarjeta, con las cuales el PRI pagó a representantes generales y a promotores del voto en varios estados del país. Además de que los recursos utilizados en el esquema Monex se plasmaron en una contabilidad paralela a la declarada al IFE, el origen del dinero que eventualmente podría haber utilizado el Revolucionario Institucional pudiese proceder de una operación de blanqueo de recursos, aunque también del uso indebido de dinero público procedentes de las administraciones estatales del tricolor (Reporte Índigo, 19 de julio de 2012).
Por todo ello, es harto necesario que el IFE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) investiguen a fondo no sólo el monto del dinero utilizado por el PRI en la campaña electoral, sino el origen del mismo, y dejen de lado la actitud de negar por definición toda la documentación que el Movimiento Progresista les ha hecho llegar. De lo contrario, desde las mismas instituciones encargadas de velar por la equidad, transparencia y democracia del proceso electoral se estará convalidando el fraude electoral.
Por vía de mientras y sin que se resuelva legalmente la elección presidencial (el TEPJF deberá calificarla a más tardar el 6 de septiembre), Felipe Calderón recibió en Los Pinos a Enrique Peña Nieto para pactar las condiciones de la transición administrativa y política; no obstante que el “presidente” había afirmado hace unos días que era “inaceptable” la presunta compraventa de voluntades, y planteó la necesidad de aclarar el asunto de las tarjetas de Monex y Soriana. Por su parte, el PAN, fiel a su tradición como partícipe y beneficiario de las “concertacesiones salinistas” defendió el encuentro, ya que según el CEN blanquiazul, a pesar de las impugnaciones presentadas, EPN será jefe del Ejecutivo federal a partir del próximo 1 de diciembre; con esa actitud panista quedaría pagada la factura de hace seis años cuando los priístas permitieron la imposición de Felipe Calderón y consiguieron que tomara posesión entrando por la puerta trasera de San Lázaro.

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