Jorge Rocha.- El conflicto postelectoral en México tiene dos vertientes que apuntan en la misma dirección, pero que tienen a actores políticos diferentes y

La marcha “contra la imposición” del sábado 7 de julio partió de la glorieta la Minerva y pasó por Televisa Guadalajara, Milenio Jalisco, el Comité Estatal del PRI hasta llegar a Plaza Liberación en el centro de la ciudad. Asistieron 20 mil personas. foto Héctor Jesús Hernández
Jorge Rocha.-
El conflicto postelectoral en México tiene dos vertientes que apuntan en la misma dirección, pero que tienen a actores políticos diferentes y con una estrategia distinta. Por un lado el Movimiento Progresista y su abanderado a la Presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, optaron por la vía de la impugnación legal del proceso electoral con el propósito de anular o invalidar los comicios en lo referente a la elección de presidente de México. El punto central para sostener esta estrategia es la presunta compra de cinco millones de votos de parte del Partido Revolucionario Institucional en la pasada elección. La coalición de izquierda optó por la vía legal ya que es una manera de no aceptar los resultados, pero utilizando los cauces institucionales. La explicación de esta estrategia tiene desde mi punto de vista dos razones: la primera es la presión sobre López Obrador y el Movimiento Progresista de no mostrarse como una fuerza política que no respeta la institucionalidad y que se sale de los márgenes legales cuando les conviene. La segunda es que tanto Marcelo Ebrard y su equipo como el llamado grupo de los Chuchos no quieren dilapidar el capital político que obtuvieron en la elección. Andrés Manuel López Obrador no sólo logró remontar la campaña sucia que desde el año 2006 se orquestó en su contra, sino que subió el número de votos frente a aquellos comicios. Sin embargo esto no le alcanzó (de acuerdo a las autoridades electorales) para ser el presidente electo. Dicho de otra forma, parece que la coalición de izquierda quiere llevar el proceso legal hasta lo último, pero intentando no salirse de la institucionalidad con el propósito de obtener mayores ganancias electorales y no perder el terreno ganado.
La otra vía tiene un fuerte componente ciudadano que repudia los resultados electorales, que condena la forma como Enrique Peña Nieto ganó la elección y que afirma que la llegada del priísta a la presidencia de México es una imposición de los poderes fácticos. En estos colectivos podemos encontrar a distintos movimientos como #YoSoyMásDe131, #YoSoy132, el movimiento anti Peña Nieto y múltiples expresiones sociales de personas que están indignadas con lo que está pasando en el país. La estrategia adoptada por estos movimientos es la denuncia, la movilización política y la difusión de su pensamiento y acciones a través de medios de comunicación y redes sociales. La capacidad de convocatoria por parte de estos colectivos es sorprendente, ya que el pasado sábado 7 de julio reunieron a miles de personas en varias ciudades del país como una expresión de inconformidad ante el proceso electoral. Para el caso de Jalisco, el fin de semana pasado se efectuó la segunda marcha ciudadana más grande en la historia reciente de estado (20 mil asistentes) sólo por detrás de la concentración que realizó el colectivo Una sola voz que se conformó para condenar el asesinato de Juan Jesús Posadas Ocampo. Es decir, hay un reclamo social creciente y cada vez más combativo que exige una democracia más profunda, más real y que cuestiona el actuar de la clase política y de los poderes fácticos.
Para los analistas políticos proclives al mantenimiento del estado de las cosas y para ciertos actores políticos que tienden a mirar la realidad social de una manera simplista, parecen incomprensibles estas manifestaciones de repudio frente a la “ventaja irreversible” de Peña Nieto frente a López Obrador, y por lo tanto piden a todas y todos aceptar los resultados sin chistar “porque así es la democracia”. Estos llamados se hacen a pesar de que hay varios asuntos que sin duda enturbiaron el proceso electoral: la compra de votos; la inequidad en el tratamiento de los candidatos en varios medios de comunicación, sobre todo los de mayor audiencia; y el uso electoral que se hizo de varias encuestas para posicionar a un “puntero indestructible”.
Si tomamos como referente lo que aconteció en la elección de hace seis años es posible que se acrediten todas estas irregularidades, sin embargo la posibilidad de anular o invalidar la elección de presidente es remota, sobre todo por el precedente que ya tenemos cuando en el año 2006 el Tribunal Electoral expresó que no podía medir el impacto de las irregularidades en la definición del voto y por lo tanto no podía anular los comicios.
Intentando visualizar más allá de la coyuntura presente, si Enrique Peña Nieto logra sortear las impugnaciones al proceso electoral y se valida su triunfo, llegará a la presidencia con un escenario social con problemas mucho más graves que los que enfrentó su predecesor. En primer lugar el ex gobernador del Estado de México llega con un expediente negro en su gestión como titular del Ejecutivo de aquella entidad. La pobreza extrema aumentó y su gobierno fue calificado como violador de derechos humanos por la brutal represión en el pueblo de Atenco el 3 y 4 de mayo del año 2006, donde 47 mujeres fueron objeto de tortura sexual, de acuerdo con el informe Atenco: 6 años de impunidad y resistencia presentado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez en mayo de este año.
En el año 2006 la resistencia social frente al resultado electoral fue abanderada por Andrés Manuel López Obrador. En este año buena parte del repudio social viene de parte de la propia sociedad civil y de los movimientos sociales estudiantiles, que ven en el triunfo de Enrique Peña Nieto una imposición. Ya no sólo es un problema entre partidos políticos, es un conflicto entre parte de la clase política y los poderes fácticos frente a una sociedad harta de la forma como se conduce la política en el país.
A lo anterior hay que añadir que Peña Nieto llega con un Congreso de la Unión dividido y que los problemas sociales que enfrentará están agravados: pobreza creciente, estancamiento económico, inseguridad pública incontrolable y fuertes conflictos sociales no resueltos que en el fondo tienen como origen la necesidad de los grandes capitales de mantener sus dinámicas de acumulación.
El escenario no es nada halagador, pero la movilización social se muestra como un faro frente a la tormenta que se avecina.
PD. Para las personas que se toman la molestia de leer mis artículos, les informo que las próximas dos semanas estaré de vacaciones. Nos vemos en agosto.
jerqmex@hotmail.com