Denuncia el Congreso a Emilio y al titular de Sefin ante la PGR por deuda

Redacción.- El Congreso de Jalisco interpuso ayer una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) en contra del gobernador de Jalisco, el panista

Redacción.- El Congreso de Jalisco interpuso ayer una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) en contra del gobernador de Jalisco, el panista Emilio González Márquez, el secretario de Finanzas, Martín Mendoza, y contra quien resulte responsable de violentar la legislación vigente, al modificar las bases, montos y condiciones de un crédito por hasta cinco mil 500 millones de pesos, sin la autorización previa del Poder Legislativo.

La denuncia se interpuso por un acuerdo de la Junta de Coordinación de Política que instruyó a la Dirección de Asuntos Jurídicos y Dictamen Legislativo del Congreso para que actuara en consecuencia.

El crédito fue autorizado el 2 de diciembre de 2008 mediante el decreto 22557/LVIII/08 para que el Poder Ejecutivo lo contratara hasta por cinco mil 500 millones de pesos pagaderos a un plazo no mayor a 25 años, que fue concretado con Banamex el 7 de agosto de 2009.

“En el mes de julio de 2010, por mutuo acuerdo realizó el Poder Ejecutivo un acuerdo modificatorio con el argumento de que mejorarían las tasas de interés, pero a su vez, amplían el periodo de gracia donde la actual administración estatal no desembolsaría recursos para abonar a capital, para empezar a pagar dicha deuda hasta el 29 de febrero de 2012 y no el 31 de agosto de 2010 como inicialmente se había estipulado en el citado contrato de crédito, esto es, 18 meses después a lo que se había pactado, por lo que es claro que el retraso de un año y medio les representó cambios en el ejercicio financiero anual de los años 2010 y 2011 del gobierno del Estado y dejan los denunciados una mayor deuda a las siguientes administraciones estatales”, se aprecia en la denuncia.

Se agregó en la denuncia que el 6 de febrero de 2012 se realizó una segunda modificación al crédito contratado sobre nuevas bases, montos y condiciones sin la autorización del Poder Legislativo.

En la denuncia, el Congreso señaló además que fue enterado de esos hechos, pero hasta abril de 2012, esto es, 20 meses y medio después.