Darío Pereira.- Integrantes de la asociación Red Ciudadana entregaron ayer al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) un pronunciamiento para solicitar que el
Darío Pereira.-
Integrantes de la asociación Red Ciudadana entregaron ayer al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) un pronunciamiento para solicitar que el consejero electoral Víctor Hugo Bernal renuncie a su cargo por el hecho de tener participación en la sociedad Ocean View, al lado del candidato a la gubernatura por Movimiento Ciudadano (MC), Enrique Alfaro Ramírez. Los inconformes también reclamaron a Bernal que se dedique a atender negocios cuando recibe “ingresos insultantes” como servidor público.
José de Jesús Gutiérrez, presidente de la organización, aseguró que su petición se basa en la búsqueda de condiciones para que se den “procesos electorales que se caractericen por su legalidad, independencia del poder, imparcialidad y equidad” y el hecho de que un consejero sea socio de uno de los contendientes al gobierno no garantiza que se den dichas circuntstancias.
Agregó que “no es posible, ni moral, ni éticamente“ que el consejero electoral se dedique a sus negocios cuando, dijo, Víctor Hugo Bernal percibe un sueldo mensual de 127 mil 339 pesos más prestaciones.
También, el Comité Ciudadano por una nueva cultura en pro de la integración social de las personas con discapacidad, entregó al órgano electoral dos oficios dirigidos al consejero presidente, Tomás Figueroa Padilla, en el que solicitan se revise la logística de la próxima jornada electoral para que “se dé respuesta a las necesidades de las personas con discapacidad para que puedan ejercer plenamente su derecho a votar”. Por lo que manifestaron su disposición para trabajar en conjunto y lograr las condiciones que exigen.
Además, dado que desde el día 9 de mayo ingresaron una solicitud ante el órgano electoral para que en el segundo debate entre los aspirantes al gobierno del estado se cuente con intérpretes del lenguaje de señas y no han recibido una respuesta, solicitaron que se les garantice la aceptación de su demanda con el fin de que los aproximadamente 30 mil silentes del estado tengan acceso al ejercicio con el que podrían definir su voto.
“Consideramos que, de no incorporar la participación de intérpretes en el debate, se estaría generando por parte del IEPC un flagrante acto de discriminación y una muestra de negligencia por parte de los consejeros electorales”, expresó Gutiérrez al afirmar que, de no tener una respuesta al mediodía de hoy, interpondrían la queja correspondiente.