El Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD) presentó el Informe sobre la situación de los derechos humanos en Jalisco 2011,
El Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD) presentó el Informe sobre la situación de los derechos humanos en Jalisco 2011, en que advierte situaciones graves que significan un retroceso en la materia por temas como la aprobación de la Ley de Información Pública, los ataques a activistas y periodistas y la situación por la que atraviesan la comunidades de Tenacatita, Temacapulín y Mezcala.
Durante la presentación del informe, los integrantes del organismo de defensoría de derechos humanos indicaron que “el 2011 ha sido un año cargado de incumplimientos a las obligaciones de respetar, promover, garantizar y proteger los derechos humanos de los habitantes de Jalisco por las autoridades del gobierno estatal y los municipios”.
El análisis que recoge algunos casos que han trascendido por la vulnerabilidad de quienes “padecen la indiferencia y el abuso de autoridad” así como las decisiones de los órganos públicos con repercusiones negativas para una sociedad que aspira a una vida democrática plena; también señala la ausencia del tema de los derechos humanos en la agenda de quienes aspiran a gobernar Jalisco.
En este tenor, Cesár Octavio Pérez Verónica, encargado del área jurídica del Cepad, aseguró que está omisión en las plataformas políticas “es sumamente delicada y grave”, sobre todo por el contexto de violencia e inseguridad generalizada que se registra en el estado.
Asimismo en el informe 2011, tal y como el Cepad lo señaló en el análisis del 2010, se reitera la “inacción e incapacidad” de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ), dependencia que, a su consideración, ha puesto más en riesgo a las víctimas en distintos casos.
Finalmente también críticaron la falta de intéres de las autoridades, quienes han ignorado las reformas en derechos humanos parobadas en junio del 2011 por el Senado de la República y que hasta el momento no han sido armonizadas a nivel estatal, “señal de que las y los legisladores están más interesados en sus intéreses económicos y partidistas que en legislar en favor de la población a la que dicen respetar”.