PRI presentará acciones legales contra el gobernador por haber modificado deuda sin autorización

Mauricio Ferrer/ La Jornada Jalisco La fracción del Partido Revolucionario Institucional en el Congreso del Estado, evalúa los mecanimos legales, tanto penales como administrativos,

Sesion en el Congreso del Estado, la diputada Patricia Retamoza, Mariana Fernandez, el diputado Roberto Marrufo y la diputada Elisa Ay—n todos del PRI. foto Arturo Campos Cedillo.

Sesion en el Congreso del Estado, la diputada Patricia Retamoza, Mariana Fernandez, el diputado Roberto Marrufo y la diputada Elisa Ay—n todos del PRI. foto Arturo Campos Cedillo.

Mauricio Ferrer/ La Jornada Jalisco

La fracción del Partido Revolucionario Institucional en el Congreso del Estado, evalúa los mecanimos legales, tanto penales como administrativos, que emprenderá contra el gobernador de Jalisco, el panista Emilio González Márquez, por haber reestucturado sin la autorización de los diputados, una deuda por 2 mil 750 millones de pesos que le fue aprobada en 2008.

En rueda de prensa, el coordinador de la fracción priista, Roberto Marrufo Torres y la presidenta de la comisión de Hacienda en el Congreso, Patricia Retamoza Vega, aseguraron que de forma “mañosa”, González Márquez hizo las modificaciones al citado crédito, sin que tuviera el visto bueno del poder Legislativo.

En 2008, la Legislatura anterior le aprobó al mandatario un crédito por 5 mil 500 millones de pesos para infraestructura. La mitad, unos 2 mil 750 millones de pesos, fue adquirida con Banobras. El resto, otros 2 mil 750 millones de pesos, con Banamex.

La deuda contratada con Banamex tenía que empezarse a pagar en 2010. En julio de ese año, Emilio Gonzále realizó un convenio de modificación. No fue sino hasta febrero de este año que el gobernador inicio con los pagos del crédito.

“Se realizó el convenio modificatorio, para mejorar la tasa, pero a la vez ampliar el periodo donde él (González Márquez) no desembolsaría pago a capital, el conocido periodo de gracia, el cual lo pasó del 31 de agosto de ese año al 29 de febrero de 2012; esto significa que en vez de empezar a pagar en 2010, empezó a pagar en febrero de este año, lo cual le representó ahorros que pagará el estado en el futuro”, detalló Retamoza.

La Jornada