Juan Alcalá Dueñas.- Las campañas para elegir representantes a los poderes Ejecutivo, Legislativo y ayuntamientos están tomando fuerza. Mayo es sin duda un mes crucial
Juan Alcalá Dueñas.- Las campañas para elegir representantes a los poderes Ejecutivo, Legislativo y ayuntamientos están tomando fuerza. Mayo es sin duda un mes crucial para que los candidatos y sus partidos políticos se posicionen en la búsqueda del voto ciudadano.
De acuerdo al marco normativo en materia electoral, las campañas se definen como el conjunto de actividades llevadas a cabo por los partidos políticos, las coaliciones y los candidatos registrados para la obtención del voto.
Estos actos van, desde las reuniones públicas, asambleas, marchas hasta cualquier acción enfocada a obtener el voto de los ciudadanos. En todos estos actos, la propaganda tiene que estar dirigida a la promoción de plataformas políticas y a la conformación de una agenda pública que distinga a cada una de las opciones a elegir en la boleta electoral.
De igual manera, la regulación establece que las campañas tienen un tiempo determinado para fomentar la equidad en las contiendas y evitar los actos anticipados que puedan cometer los contendientes. Asimismo, los gobiernos de cualquier esfera deberán suspender la difusión en los medios de comunicación de toda propaganda gubernamental, es decir, la promoción de logros de gobierno. El único caso de excepción, se presenta cuando son campañas de carácter educativo y salud o de protección civil en caso de emergencia.
En este caso, los servidores públicos están restringidos para difundir propaganda gubernamental, promover acciones que afecten la imparcialidad de la contienda, así como la utilización de programas sociales y de sus recursos en los diversos ámbitos, tanto federal o estatal, con la finalidad de coaccionar a los ciudadanos a favor o en contra de algún partido político o candidato, lo que puede configurarse incluso como delito electoral.
Las campañas a gobernador comenzaron el pasado 30 de marzo y las de diputados y munícipes el 29 de abril. Aquí cabe señalar que dichas campañas deberán terminar el próximo 27 de junio, ya que existe un periodo de reflexión para que los electores puedan tomar una decisión previamente a que acudan a las urnas el 1 de julio.
En términos de los gastos que generan las campañas, de acuerdo al sistema electoral que nos rige, solamente el 10% del monto puede financiarse de manera privada, quedando el restante 90% dentro del financiamiento público que se les otorga a los partidos políticos para efectos del desarrollo de sus actividades.
Estos recursos públicos que se les otorgan a los partidos, son fiscalizados peso por peso dentro de los calendarios que establece la legislación y si se violan los topes establecidos para cualquier tipo de campaña, las sanciones van desde la amonestación pública, sanciones económicas o pérdida de registro para los candidatos cuando se configura una gravedad extrema en la conducta.
Para este proceso electoral en Jalisco, los topes de campaña autorizados por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco son de más de 22 millones 200 mil pesos para las campañas a gobernador, de aproximadamente un millón 100 mil para diputados y en el caso de alcaldías, van desde cinco millones 299 mil pesos para Guadalajara hasta municipios pequeños que su tope es menor a 10 mil pesos.
Para este proceso electoral, fueron registrados por los partidos políticos y coaliciones, cinco candidatos a gobernador, 134 candidatos a diputados de mayoría relativa, 131 candidatos a diputados por el principio de representación proporcional y 549 planillas que incluyen candidatos a alcaldes y regidores para los 125 municipios que conforman nuestra entidad.
Son muchos los candidatos, y seguramente la ciudadanía estará atenta a cada una de las campañas electorales. En este sentido, es fundamental que éstas se presenten fuera del ámbito de la denostación y descalificación, para que formulen propuestas y una agenda de futuro para Jalisco.
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