Detención arbitraria, recurrente violación de los DH entre cuerpos de seguridad en Jalisco

Analy S. Nuño.- Las detenciones arbitrarias constituyen una de las principales violaciones a los derechos humanos que cometen las corporaciones de seguridad pública en

Analy S. Nuño.- Las detenciones arbitrarias constituyen una de las principales violaciones a los derechos humanos que cometen las corporaciones de seguridad pública en Jalisco, advirtió Francisco Macías, coordinador del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), quien indicó que la agresión que agentes de la Procuraduría General de Justicia del Estado realizaron en contra de Darío Pereira, reportero de este diario, evidencia que las dependencias de seguridad actúan sin mecanismos de control en sus protocolos.

De acuerdo a Macías Medina, históricamente desde la creación de los organismos públicos de protección de derechos humanos se advierte que hay una constante en el quehacer de la policía a dos principales violaciones: atentados a la integridad y atentados contra la libertad. Ambos derivados de las detenciones arbitrarias.
Esto, dijo, se ha constituido en un detonante en el incremento a las violaciones a los derechos humanos que significan luego atentados a la integridad física que pueden terminar en situaciones de mayor riesgo como pérdida de la vida, situación que ya se ha registrado en el estado ante la dinámica de la falta de control en las actuaciones.
“Entre las cinco primeras violaciones la tercera muy consolidada son las detenciones arbitrarias, lo que nosotros la interpretación que hacemos es que no se está tomando en cuenta que esa práctica es la base de violaciones graves a los derechos humanos. Un policía que detiene arbitrariamente sin estos controles es un policía que muy probablemente cometerá atentados contra la integridad y probablemente alguna ejecución extrajudicial”.
Por lo anterior, consideró que es urgente que las corporaciones de seguridad pública de todos los niveles de gobierno evalúen las prácticas sobre todo de los grupos especializados, pues el tipo de agresión y detención que el reportero de este diario sufrió por el agente de la PGJE, Zaid López y su compañero, es una situación constante que padece la sociedad en su conjunto.
“Es importante que desde las policías se pueda tomar cartas en el asunto para que pueda comenzarse a trabajar desde el interior de las policías no sólo en protocolo sino en evaluar las situaciones de práctica que tienen las corporaciones no supervisadas y evaluar todos los riesgos que cometen las corporaciones en su quehacer cotidiano. El ejemplo del reportero Darío Pereira implica una situación que es cotidiana en las calles de Jalisco y que finalmente no es supervisada ni sancionada por alguna autoridad”.
Detalló que este tipo de actuaciones de los gendarmes se han convertido en un patrón, el cual está relacionado con una política de emergencia de seguridad, razón por la cual se llevan a cabo las revisiones de rutina o columnas de seguridad que a su vez se convierten en un incentivo para generar corrupción.
“Realizan las revisiones de rutina, revisiones bajo sospecha y revisiones sin ningún elemento objetivo que constituye ese trabajo que ellos informan estadísticamente, como números de arrestos y que la mayoría son injustificados y que finalmente en los tribunales terminan obteniendo la libertad las personas por un deficiente trabajo de la policía o porque no hay ningún elemento objetivo para realizar esas detenciones o esos arrestos. “Finalmente se convierte en un incentivo para generar corrupción y un incentivo para solamente ser corporaciones que rinden cuentas de una forma cuantitativa pero no cualitativa bajo estándares de protección a los derechos humanos y de un marco moderno de legalidad”.
El experto en temas de derechos humanos, indicó que lograr este marco moderno de legalidad implica una reforma muy estructurada a las corporaciones de seguridad para que exista una mayor participación social, que provoque más control de la policía desde la parte social lo que resultaría en una mejora en la actuación de los gendarmes.
En un análisis rápido de la secuencia de hechos del arresto de Pereira, Macías Medina advierte que no hay causa para la detención objetiva al no ser válido el argumento de los agentes de la PGEJ de estar realizando una investigación de tres meses, pues se busca a una persona sin características y sin elementos objetivos que permite hacer la detención bajo una lógica subjetiva sin generar otro tipo de información que permita descartar si es la persona que se está buscando.
“Vemos que hay una cadena de violaciones a los derechos humanos, presunción de inocencia, legalidad, libertad y finalmente de forma afortunada no hubo ninguna consecuencia legal para el periodista pero que en la mayoría de los casos si existe, pues son los arrestos que terminan dándose con resistencia hacia la autoridad y en los juzgados con consecuencia muy visibles”.
Finalmente en cuanto a la actuación de los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Guadalajara, quienes se limitaron a solicitar una identificación superficial de los agentes sin verificar la situación, detalló que esto evidencia la distancia entre las corporaciones, pues los gendarmes tapatíos debieron haber documentado y oponerse al arresto injustificado o haber generado un ambiente de diálogo para poder discernir si realmente eran policías investigadores y el acto era legal o no.