Una democracia sin pobreza

Mario Édgar López Ramírez.- ¿Qué tipo de relación existe entre la democracia y la pobreza? En el imaginario de muchos demócratas, la democracia es una

Mario Édgar López Ramírez.- ¿Qué tipo de relación existe entre la democracia y la pobreza? En el imaginario de muchos demócratas, la democracia es una forma de resolver la pobreza. Son diversos los discursos nacionales e internacionales que ligan la práctica democrática con el bienestar de la población. Pero esto no es necesariamente así, ya que la democracia es fundamentalmente un método, una herramienta estructurada socialmente para tomar decisiones y para organizar civilizadamente el conflicto político; en todo caso, su aporte se encuentra en el campo del poder y no como una forma de estructurar la economía. Por lo tanto, la democracia no tiene como objetivo primario resolver la pobreza. Basta con hacer el contraste de algunos datos para comprobarlo: si bien desde 1974 a la fecha más de 113 países del mundo pasaron de un régimen autoritario a un sistema democrático, en contraparte, nunca en la historia humana fue tan grande la distancia entre los ricos y los pobres, al grado que actualmente, 1% de la población mundial posee la riqueza equivalente al ingreso del 45% de los seres humanos del planeta; en otras palabras, 50 millones de las personas más ricas del mundo, suman lo mismo que dos mil 700 millones de las personas más pobres, en cifras globales. El avance mundial de la democracia no ha ido de la mano con la erradicación de la pobreza, porque la democracia es esencialmente un campo para el debate del poder, pero el contenido del debate lo ponen los participantes.

En las democracias modernas han sido las élites privilegiadas las que generalmente han impuesto, dentro de la agenda pública, su modelo económico basado en el libre mercado; de ahí la liga tradicional que se establece entre el mercado y la democracia. Sin embargo, la democracia también ha colaborado en el debate sobre la necesaria participación del Estado en la actividad de regulación de las fallas distributivas del mercado, las cuales son generadoras de pobreza. Un ejemplo de esto fue el papel del llamado Estado Benefactor o Estado Keynesiano que por más de cinco décadas, de 1930 a 1980, aproximadamente, fue el modelo que primó en el mundo occidental, reconociendo la participación estatal como generadora de empleo y empujando la vivienda, la salud y la educación pública. La caída del Estado Benefactor se debió a la mala administración de los gobiernos, situación que luego fue aprovechada, de nueva cuenta, por las élites privilegiadas para regresar al modelo de un supuesto mercado libre, que con el nombre de neoliberalismo, ha provocado una de las mayores concentraciones oligopólicas en áreas estratégicas del desarrollo, como la alta tecnología y ha excluido de sus beneficios a amplios sectores de la población mundial.
En suma, el papel que puede jugar la democracia contemporánea en relación con la pobreza depende de los modelos económicos que se pongan en el juego de las urnas, pero no mucho más. Y en esto es imposible ignorar que la élite privilegiada, formada principalmente por los poseedores del capital financiero y los productores de la alta tecnología, apoyados por los gobiernos de las potencias mundiales, utilizan la democracia para sustentar una estructura de concentración de la riqueza de la cual se favorecen. De ahí que toda discusión en torno a la posibilidad de construir democracias sin pobreza pasa necesariamente por la crítica de fondo al estatus económico y, por extensión, al estatus político que ha establecido el esquema neoliberal.

Dos formas de acercarse a la pobreza

Existen dos vertientes teóricas desde las cuales pueden fundamentarse los modelos económicos para combatir la pobreza y que se debaten en las democracias contemporáneas: la primera vertiente es la que trata a los pobres como simples números, es decir, interpreta a la pobreza únicamente como una variable estadística y, por tanto, como un factor despersonalizado o despolitizado. Para la concepción numérica, la pobreza adquiere valor real sólo en la medida en que provoca problemas o disfuncionalidades dentro del sistema económico de libre mercado. Lo anterior supone que el desempleo es manejable en tanto no provoque estallidos sociales (los cuales, de presentarse, son resueltos por la entrada de la fuerza pública); de igual forma la contracción del comercio puede ser manejada de forma eficiente gracias a que los grandes capitales transnacionales pueden repartir sus pérdidas y ganancias a nivel mundial: lo que pierden en un país lo compensan con lo que venden en otro. Partiendo de la visión numérica, las estrategias de combate a la pobreza adquieren diferentes intensidades, dependiendo de la forma en que la masa estadística desequilibre y ponga en peligro a la estructura de distribución desigual de privilegios. Los programas asistencialistas para la supervivencia de los pobres en extremo (reparto de despensas y becas), así como las políticas de educación, salud y vivienda pública, que suponen un manejo instrumental de la pobreza a favor de las clases políticas y de los mercados financieros, se inscriben dentro de una visión numérica de la pobreza. Esta es la concepción de la pobreza que prefiere el modelo neoliberal.
La otra forma de interpretar la pobreza es dar a los pobres su calidad de actores políticos, con derechos a participar activamente en las políticas públicas dirigidas al combate a la pobreza. Esta concepción supone que una persona pobre no es solamente aquella que no puede satisfacer sus necesidades básicas, sino aquella a la que se le ha privado de su derecho a la participación en la vida pública, acentuando con ello su condición de marginado. Desde esta perspectiva, una manera de mantener la pobreza es utilizar la falta de información de las personas para imponerles los imaginarios que la élite desea que tengan (el pobre es pobre porque no trabaja, la pobreza no es culpa de nadie más que del propio pobre, etcétera). El combate a la pobreza desarrollado por esta línea de pensamiento plantea que la estrategia básica consiste, principalmente, en la recuperación de los capitales simbólicos y políticos que forman el sentido del derecho de los ciudadanos. La participación consciente de los pobres en los procesos democráticos es en realidad el ejercicio de sus derechos políticos; la mejora de sus condiciones de vida responde a la validez de una serie de derechos sociales, económicos e incluso comunitarios que deben traducirse en políticas públicas, en la lógica de un Estado que obedece a las reglas de un pacto social. Una democracia sin pobreza establece mecanismos de participación de los pobres en las decisiones públicas.
En estos tiempos electorales es necesario distinguir que la democracia aplicada por sí misma no garantiza la solución de la pobreza: son los modelos económicos que compiten en las urnas los que pueden hacer la diferencia. Es posible una democracia sin pobreza si quien gana en las urnas es quien propone un modelo en el que los pobres son actores políticos activos, participantes en las decisiones que nos conciernen a todos y todas.

La Jornada