Alejandro Velazco.- El Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Itei) acordó iniciar un proceso administrativo que podría finalizar en una sanción

Instalaciones del Itei. La sanción es por el tiempo que tardó el funcionario de Sefin en declararse incompetente para entregar la información solicitada. Foto Arturo Campos Cedillo.
Alejandro Velazco.- El Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Itei) acordó iniciar un proceso administrativo que podría finalizar en una sanción económica contra el titular de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Finanzas (Sefin), esto por notificar de manera tardía su incompetencia en la resolución de una solicitud de información, la cual desechó.
Según Jorge Gutiérrez Reynaga, consejero presidente del Itei, todos los sujetos obligados deben de enviar al organismo las solicitudes a las que consideren no poder dar respuesta, para que éste inicie el procedimiento de remisión correspondiente y determine cuál es la instancia indicada para desahogar la petición.
Esta será la primera multa que se aplica con la nueva Ley de Información Pública del Estado de Jalisco.
Según el artículo 105, fracción III, se establece un día hábil para que las unidades de transparencia notifiquen de las solicitudes que les son presentadas sin tener la competencia para su resolución.
“La Secretaría de Finanzas considera que no es autoridad competente, se retrasó en los términos que marca la ley, y debe iniciarse un procedimiento administrativo”, explicó el funcionario.
Gutiérrez Reynaga expuso que el 20 de abril de este año el titular de la Unidad de Transparencia de la Sefin recibió una solicitud de información, la cual fue derivada al Instituto seis días después, “por lo que transcurrió en exceso el término para remitir dicha solicitud”.
Además detalló que el organismo descentralizado resolvió que la Secretaría sí era apta para resolver dicha petición de información, pues se pedían datos sobre la nómina, en específico los datos correspondientes al salario de un funcionario público de la dependencia.
La multa para estos casos, detalló, será entre 50 y 500 días de salario mínimo.
“Tenemos que citar al servidor público y hacerle saber que se hizo acreedor a una posible sanción y es presunto responsable por negar información”, puntualizó el consejero presidente.