Se triplica tasa de mortalidad por homicidio de jóvenes: ONG

En rueda de prensa, junto con Miguel Concha, director del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco Vitoria; Edgardo Buscaglia, experto en seguridad y crimen organizado; Consuelo Morales, de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, se advirtió que la lucha contra el crimen organizado del gobierno de Felipe Calderón está asociada con una mayor violencia, asesinato, criminalización y desapariciones de niños y jóvenes en el país.

Buscaglia advirtió que el gobierno de México ya debe implementar la Convención de Ginebra, que posee mecanismos para la protección de la población civil, pues con esta “guerra” no sólo viola sistemáticamente 44 de los 58 derechos humanos de los niños (considerados en 14 convenciones de la ONU, incluida la Convención de los Niños), también los de la sociedad en su conjunto.

Al presentar el “Mapa Geo-referencial sobre la violencia contra niñas, niños y adolescentes en México”, la Redim destacó que en esta guerra contra el crimen organizado se observa un alto número de homicidios dolosos en que las víctimas son niñas, niños y adolescentes.

“A nivel nacional, la tasa de mortalidad en la población menor de 18 años registró un incremento importante a partir de 2008, al ocurrir 3.6 muertes por cada 100 mil habitantes de 2010”, la más alta en la última década. Y el último conteo del Redim, al 27 de marzo de 2012, arrojó 468 muertes de niños, de las cuales 244 ocurrieron en 2011, es decir, 40 por ciento más que en 2010.

Al desagregar las muertes por asesinato y enfocar las causadas por arma de fuego, se registró un “notable incremento, pues en 2006 el número de homicidios (de menores de 18 años) por arma de fuego representó 37 por ciento del total (814), y para 2010 el porcentaje se incrementó casi al doble, es decir, a más del 60 por ciento (mil 406)”.

Los datos muestran que el porcentaje de homicidios con arma de fuego en adolescentes de 15 a 17 años superan la mitad de los casos de muerte desde 2006, ya que para 2010, 7 de cada 10 adolescentes en ese rango de edad fue muerto con un arma de fuego.

Según el Mapa, los niveles de violencia contra infantes y adolescentes son mayores en el norte del país: Chihuahua (con una tasa ocho veces mayor a la media nacional), Durango, Sinaloa, Baja California, pero se han extendido a Nayarit, Guerrero y otros estados.

Por su lado, Buscaglia advirtió que de una de una revisión, a partir de 2003, de los expedientes judiciales ligados a 22 tipos de delitos cometidos por la delincuencia organizada (trata de blancas, contrabando de armas, secuestro, fraudes, etc.), se encontró que 8 de cada 10 casos judiciales involucran a menores, y en 9 de cada 10 hay corrupción de fiscalías y policías.

El también presidente del Instituto de Acción Ciudadana, que de asesoría a víctimas del crimen organizado, advirtió que el gobierno federal oculta la realidad de lo que ocurre en el país, “con el afán de aumentar las inversiones extranjeras en el país, lo cual es imperdonable”.

También refirió que la propuesta de Ley General de Protección a los Derechos de los Niños, que se votará en el Congreso, “es una gran simulación corrupta y oligopólica”.

Dicha ley, que “ha sido redactada a oscuritas, es un gran negocio, una simulación, en la que hay un pacto oscuro entre el PAN y PRI, así como una parte del PRD, porque no tiene mecanismos de implementación”. Exhortó a la sociedad organizada a que elaboré una propuesta alterna.

Al respecto, el padre Concha abundó que dicha ley “no cumple con la Constitución, ni con los instrumentos internacionales de protección a los derechos humanos, pues no tiene claridad respecto a las atribuciones, competencias y orden de responsabilidades que las instituciones de gobierno deben tener en la atención a la niñez”, entre otros aspectos.

Asimismo, el titular de la Redim, el padre Concha, Buscaglia y Morales coincidieron en que la violencia contra infantes y adolescentes es reflejo de “un vacío institucional propio de Estados débiles”. Además de ser “insuficiente que las autoridades sigan aplicando una política asistencialista”, criticaron que la solución se trate de establecer desde una perspectiva “familiar” y que mediante el manejo del miedo y el terror (no salgan a las calles, etc.) se desmovilice a la sociedad y se rompa el tejido social.

“La violencia que padecen los niños, niñas y jóvenes es un asunto de interés público y por lo tanto no pueden pretender solucionarlo acudiendo a una perspectiva familiar, ya que son responsables las autoridades y la sociedad en su conjunto”, enfatizó el padre Concha.

Además de recriminar el papel de las autoridades -por su “inacción”; por el aumento de las penas contra los adolescentes, “a pesar de que son carnes de cañón de la delincuencia organizada”; por apostar a la seguridad a lo “bruto, porque gastan cada vez más en armas, policías y uniformes, pero no enfocan la protección integral de los niños”-, exigieron al Ejecutivo la creación de un programa nacional para prevenir y atender la violencia contra ese grupo poblacional, y crear un sistema de información oficial y público sobre el número, características y situación jurídica de las víctimas infantiles de la violencia, pues a la fecha no existe.