Concluye Foro en defensa de Los Chimalapas

Rosa Roja / La Jornada Con un pronunciamiento en solidaridad con pueblos indígenas de México que están siendo objeto de políticas y acciones de

Rosa Roja / La Jornada

Con un pronunciamiento en solidaridad con pueblos indígenas de México que están siendo objeto de políticas y acciones de despojo social y territorial por parte de “intereses ilegítimos” de diversa índole, como los megaproyectos hidroeléctricos, eoloeléctricos y mineros, así como con el maestro y artista juchiteco Francisco Toledo, dos veces amenazado de muerte por defender el patrimonio cultural y natural del estado de Oaxaca, concluyó el Foro nacional e internacional Por la conservación y la integridad del territorio zoque An’pon Chimalapa: la región más biodiversa de México.

Entre los más de un centenar de firmantes del documento están autoridades comunales y agrarias de San Miguel y Santa María Chimalapas, Oaxaca;  investigadores, académicos, organizaciones defensoras de los derechos humanos e indígenas y de los derechos de la naturaleza, artistas y ciudadanos/as, como Rodolfo Stavenhagen, ex Relator de la ONU sobre Derechos de los Pueblos Indígenas (PI); Enrique Leff , del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM; la cantante Susana Harp; Patricia Arendar  de Greenpeace México; Adelfo Regino Secretario de Asuntos Indígenas Oaxaca y Miguel Álvarez de Servicios y Asesoría para la Paz (SERAPAZ).

En el documento, surgido del foro realizado los días 26 y 27 de los corrientes en esta ciudad, se citaron como casos paradigmáticos de los pueblos indígenas que enfrentan una ofensiva contra sus territorios, el del pueblo Wirrárika, en defensa de sus territorios sagrados y en lucha contra empresas mineras multinacionales; la comunidad y municipio autónomo indígena Purh’epecha de Cherán, Michoacán, en defensa de sus bosques y en lucha contra talamontes y contra la delincuencia organizada y las comunidades indígenas tzeltzales ubicadas en la Reserva de Biosfera Montes Azules, Chiapas, amenazadas hoy de desalojo.

Asimismo, se menciona el apoyo a las comunidades indígenas nahuas de Guerrero, en defensa de su territorio y en lucha contra la construcción de la hidroeléctrica de La Parota y la también comunidad nahua de Milpa Alta, en la Ciudad de México, en defensa de sus bosques y su territorio, frente a intereses inmobiliarios.

Además, la solidaridad con el PI Cucapá de Baja California, en defensa de sus derecho a la vida y en lucha contra el conservacionismo mercantil, que les impide la pesca en sus litorales; con el PI Yaqui, en lucha por la defensa del agua como bien común y en contra de intereses privatizadores; con las comunidades zapotecas de la región del Istmo de Tehuantepec, en defensa de sus derechos a la consulta y al territorio, en lucha contra el megaproyecto eólico multinacional; y con el Movimiento nacional “Sin Maíz No Hay País”, en lucha contra la semillas transgénicas y en defensa los maíces nativos.

Los firmantes se congratularon de que, finalmente el actual gobierno del estado de Oaxaca haya asumido el apoyo a esta legítima causa de los PI Chimalapas que luchan contra “los siempre ilegítimos y depredadores intereses de empresas y contratistas madereros, ganaderos invasores y supuestos propietarios privados, y recientemente, de intereses multinacionales que buscan la mercantilización y privatización de los invaluables bienes naturales ahí existentes”.

Hicieron además un urgente llamado, tanto a la sociedad mexicana en su conjunto, como a todas las instancias y niveles del Estado y gobierno mexicano, a intervenir en pro de una solución definitiva -apegada a la justicia y al derecho- al añejo y doble problema de invasión (agraria y estatal) presente en el territorio indígena de los Chimalapas

En particular urgieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a los Ministros que conforman la Segunda Sala, para que admitan las controversias constitucionales presentadas por las comunidades Chimalapas, basadas en la violación a sus derechos colectivos a la tierra, al territorio y a su derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado en las decisiones administrativas y legislativas que les afecten, especialmente la causada por “la reciente e ilegítima creación del municipio chiapaneco Belisario Domínguez”.

La Jornada