Jorge Rocha.-
El proceso de ratificación express de titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), Felipe de Jesús Álvarez Cibrián para un segundo periodo, es una más de las evidencias empíricas que comprueban la severa crisis política que vive el estado de Jalisco, que demuestra que tanto el Congreso local, como los organismos públicos autónomos se han convertido en instrumentos muy poco útiles para la vida democrática del estado y que han llegado a tal punto, que es imprescindible poner en cuestión la pertinencia de su existencia tal cual están diseñados. Con las actuales características, tanto el Poder Legislativo como estos organismos dieron de sí; y es necesario y urgente generar un proceso de rediseño institucional de fondo que permita refundar estas instituciones, porque como están sirven de muy poco, son profundamente onerosas y actúan sólo en función de sus limitados y particulares intereses, que en muchas ocasiones van en contra del interés general y de la protección y ampliación de los derechos de las y los jaliscienses.
La convocatoria publicada por la Comisión de Derechos Humanos del congreso estuvo hecha a modo para que el actual presidente de la CEDHJ fuera electo para un periodo más. Se adelantó el proceso de elección sin ninguna explicación de por medio (el cambio de presidente es hasta el mes de agosto de este año), de la fecha de la publicación de la convocatoria sólo se dieron tres días para presentar candidaturas, no hubo ningún tipo de proceso que evaluara el desempeño de Alvarez Cibrián en su gestión como titular de la Comisión, tampoco se elaboró un perfil para confeccionar el tipo de presidente de la CEDHJ que se necesita para los retos que tiene el estado en esta materia, no se generó ningún proceso de diálogo con el movimiento de derechos humanos en Jalisco ni con las organizaciones de la sociedad civil que promueven y defienden derechos humanos, a pesar de los reclamos ciudadanos de aplazar el proceso de elección los legisladores hicieron caso omiso de lo planteado por grupos de expertos en estos temas y contra todo lo que se debería hacer para generar un proceso transparente y legítimo de elección, los diputados volvieron a traicionar los intereses de la ciudadanía. En poco menos de dos meses, la actual legislatura tomó dos decisiones que vulneran los derechos de todas y todos: aprobar una ley de información que acota derechos en esta materia y condenar a la CEDHJ a cinco años más de una administración severamente cuestionada en su desempeño en la defensa de los derechos humanos.
Por si fuera poco, el colectivo Ciudadanos por Municipios Transparentes (Cimtra) dio a conocer en esta semana la opacidad con la que opera el poder legislativo del estado, de acuerdo a los datos proporcionados por esta organización, el congreso local es muy poco transparente en su desempeño, ya que en la evaluación que realizaron al legislativo sólo obtuvo 31.9 puntos en una escala de 100, con lo cual se le consideró como reprobado en este rubro.
Las consecuencias de la decisión tomada por los diputados esta semana son dos, que me parecen graves y que atentan contra la vida democrática de Jalisco, la primera es que con este movimiento la CEDHJ pierde aún más la poca legitimidad que le quedaba. Para un organismo público que basa su eficacia en la calidad moral y su legitimidad, la situación que vive esta institución la ubica en una condición insostenible y de mínima capacidad para cumplir sus propósitos, en estas circunstancias quizá el mal menor sea considerar seriamente la pertinencia de la existencia de la CEDHJ, que además de todo genera un fuerte gasto público.
La otra consecuencia es la profundización de la crisis del poder legislativo, que no es ni contrapeso político, ni interlocutor de la ciudadanía, que tienen un gasto excesivo, no es transparente en su gestión, está profundamente cuestionado en su desempeño y que no tiene la estatura y la capacidad política para responder a las necesidades de las y los habitantes del estado. El congreso local no puede seguir así y urge un cambio de fondo inmediato y urgente para refundarlo.
Por lo pronto hay dos acciones que la ciudadanía puede considerar, la primera es poner a discutir y debatir las acciones y la postura que tienen ante estos temas los candidatos a gobernador: Aristóteles Sandoval, Enrique Alfaro (que si no pasa nada extraño será el candidato de la izquierda institucional) y el abanderado del PAN, quienes tendrán que fijar una postura clara al respecto. Los candidatos a diputados locales deberán ser profundamente cuestionados sobre sus propósitos a realizar en la próxima legislatura y exigirles que propicien una verdadera reforma política en el estado que contemple un rediseño del propio legislativo. Quizá una acción novedosa, para aquellos que si tengan la intención de votar, será discernir no sólo hacia quién emitirán su voto, sino por quienes de ninguna manera merecen obtener el sufragio ciudadano. Me queda claro que los actuales legisladores serían los primeros en la lista de lo no votables, ya que su mal desempeño está probado. No hay motivos para seguir postergando exigir los remedios y soluciones para resolver la crisis política que se vive en la entidad y cobrar muy caro en las urnas el pésimo desempeño de estos personajes que dicen representar a la ciudadanía.
[...] irregularidades en el proceso fueron varias como las menciona Jorge Rocha en el diario La Jornada: “… Se adelantó el proceso de elección sin ninguna explicación de por medio (el [...]