Según el ombudsman hubo influyentismo para liberar a quienes provocaron el accidente
A 3 años, detecta la CEDHJ omisiones de la PGJE en el caso de Alan Rodríguez
El hijo del ex vocero de Ramírez Acuña conducía el automovil que embistió al joven fallecido
Los jóvenes que privaron de la vida a Néstor Alan Rodríguez Licea al impactar su automóvil en el vehículo compacto que conducía recuperaron su libertad en condiciones irregulares que presumen una red de influyentismo al interior de varias dependencias del gobierno del estado, concluyó la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ) al darle cumplimiento a la queja interpuesta por los padres del fallecido en noviembre del 2006.
A tres años del accidente-después de desahogarse más de 100 pruebas y diligencias- el organismo giró la recomendación 30/2009 al procurador Tomás Coronado Olmos y al titular del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, Claudio Isaías Lemus Fortoul, por “violación de los derechos a la legalidad y seguridad jurídica”.
La CEDHJ contabilizó a un total de 11 personas involucradas en los procedimientos legales que debían seguírseles a los detenidos, pero no fueron cumplimentados como exige la ley.
En el informe se omitió mencionar el nombre de los jóvenes implicados, sin embargo, se entendió que se trataba de Christian Arias de la Torre y Francisco Xavier Álvarez del Castillo, quienes manejaban alcoholizados y con exceso de velocidad.
El primero, hijo de Fernando Arias Pérez, en ese entonces vocero de la Secretaría de Gobernación que ocupó Francisco Ramírez Acuña; el segundo, nieto del ex gobernador Enrique Álvarez del Castillo.
La CEDHJ comprobó que hubo omisiones y deficiencias en la integración del acta ministerial y la averiguación previa iniciada por el accidente de tránsito en que Néstor perdió la vida.
“Este organismo sostiene que quedaron plenamente acreditadas las irregularidades de la agente del Ministerio Público involucrado: actuó al mismo tiempo en dos actas ministeriales, cuando los hechos que las motivaron se dieron en lugares alejados uno del otro; inició la averiguación 45 minutos después de que se dio el reporte del Centro Integral de Comunicaciones y llegaron al lugar de los hechos una hora después de lo ocurrido, lo que permite fundadamente presumir que se perdieron vestigios o pruebas. En estas irregularidades está involucrado también el secretario, quien es la persona que autoriza y da fe de las actuaciones de la fiscal”.
En las irregularidades, el organismo defensor de los derechos humanos precisó que el accidente ocurrió a las 2 de la madrugada, sin embargo, no se les aplicó inmediatamente el examen de alcoholemia a los involucrados lo que pudo influir en el resultado y en consecuencia, en la situación jurídica de los detenidos, “ya que favoreció la libertad provisional bajo caución”.
El fiscal del Ministerio Público y el secretario, precisa el organismo, enviaron sin justificación y de manera ilegal a los detenidos a hospitales privados para su atención, a pesar de que en los partes médicos de la Cruz Roja se detectó que sus lesiones no lo ameritaban y por ello no se firmó la responsiva de atención médica.
“Lo que la fiscal debió hacer fue ordenar el traslado a los separos de la Procuraduría de Justicia”, dijo el presidente del organismo, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián.
“Esta Comisión corroboró que en el acta ministerial no se detallaron las condiciones físicas de los detenidos, ni se estableció si presentaban aliento alcohólico, pero en los partes de lesiones y el reporte de cabina de los elementos de la Dirección de Seguridad Pública de Guadalajara, así como en el testimonio rendido por el secretario de la fiscalía, se asentó que sí tenían aliento alcohólico”, añadió el ombudsman.
El informe del organismo menciona que el Ministerio Público omitió recabar las firmas de los inculpados al notificarles el cómputo constitucional, por lo que es evidente que la fiscal y el secretario actuaron con parcialidad y que esto benefició a los indiciados.
Se demostró también que dos peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses omitieron practicar el examen de alcoholemia a los jóvenes implicados y que éstos salieron en libertad 47 minutos antes de que se les dictara el “acuerdo de libertad” y se depositara su fianza.
“Las evidencias recabadas contradicen la versión de los policías investigadores de la custodia; hay inconsistencias en las circunstancias de tiempo, modo y lugar; y las horas en que fueron dados de alta en el puesto de socorros de la Cruz Roja no coinciden con las de ingreso a los hospitales particulares. La Comisión afirma que Gerardo Peguero y Raúl Rodríguez (los policías investigadores) mintieron en sus informes, con lo cual obstaculizaron la labor de este organismo para el esclarecimiento de los hechos”, sentenció Cibrián Álvarez.
Lo que no se pudo demostrar es que el padre de Christian, Fernando Arias, haya influido sobre las autoridades para que dejaran en libertad a su hijo. La Comisión confirmó que Arias estuvo presente en el lugar de los hechos como un padre que acudió al llamado de su hijo accidentado y no en el carácter de servidor público.
Las recomendaciones
Al procurador de Justicia se le giró recomendación para que concluya con el procedimiento de responsabilidad administrativa 402/2009 seguido en la Contraloría de la institución a su cargo para que actúen en contra de la fiscal y secretario señalados e inicie averiguación previa en contra de los servidores públicos mencionados por el delito de abuso de autoridad.
Al titular del Instituto de Ciencias Forenses se le pide que integre y concluya con el procedimiento de responsabilidad administrativa 8/2009 en contra de los peritos que se negaron a practicar el examen de alcoholemia de los detenidos y que instruya a todos los peritos para que consideren como prioridad la emisión de dictámenes de alcoholemia y la pronta participación en la toma de muestras y entrevistas.
Finalmente al Ayuntamiento de Guadalajara se le exhorta para que se conserve de manera permanente el cenotafio erigido en la banqueta sur de Avenida Vallarta en su cruce con Enrique Díaz de León, como un símbolo que represente y rememore que hechos de esta naturaleza no deben repetirse.
En lo que fue la última rueda de prensa del año, Álvarez Cibrián dio a conocer cuatro recomendaciones más dirigidas al presidente interino de Guadalajara, Juan Pablo de la Torre Salcedo, por revisiones de rutina que practican los elementos de seguridad pública; al secretario de salud Alfonso Petersen Farah, por la muerte de una mujer en el municipio de San Martín de Bolaños, debido a una deficiente atención médica; a los integrantes del pleno del Ayuntamiento de Cihuatlán por violación a los derechos del medio ambiente, y al patrimonio común de la humanidad ya que aprobaron el cambio de uso de suelo, trazos y destinos de la primera etapa del desarrollo turístico Isla Primavera en una zona de manglares ubicada en la laguna Barra de Navidad; y al secretario de Seguridad Pública Luis Carlos Nájera por el desalojo con violencia de ejidatarios del predio denominado Campo Acosta en el municipio de Tomatlán.
