De la costa hasta la sierra
Como en su momento lo comentamos, los pasados días 13 y 14 de junio tuvo lugar la XXV asamblea del Congreso Nacional en la región centro pacífico del país; en esta ocasión tocó a la comunidad nahua de Santa María Ostula, municipio de Aquila, Michoacán, recibir a los delegados y delegadas indígenas que llegaron de nueve estados de la República para participar en dicho cónclave.
La reunión tuvo lugar en un ambiente de extrema tensión debido a la ocupación que, desde hace algunos días, ha realizado un numeroso grupo de personas en parte de los predios que la mencionada comunidad nahua litiga con sedicentes pequeños propietarios de La Placita. Todo indica que los invasores estarían siendo acicateados por los poderosos caciques mestizos que durante años han invadido las tierras comunales de Ostula y, por supuesto, protegidos, voluntaria o involuntariamente, por unas autoridades que hacen como que no ven.
Ocurre que los ricos invasores ven perdida su causa ante la firme determinación de los nahuas por retener un territorio que de manera ancestral les pertenece y, del cual no están dispuestos a ceder siquiera un metro cuadrado. Esperemos que el gobierno de Godoy tenga, ahora sí, la sensibilidad para atender tan grave problema social, protegiendo efectivamente los derechos territoriales de Ostula y absteniéndose de hacer uso de la represión o la violencia oficial.
Sin embargo, tal como se deriva de los documentos producidos en el pasado evento, la invasión de las tierras ostuleñas no es el único problema grave que aqueja a las comunidades nahuas de la costa michoacana, pues, tal como lo explicaron y denunciaron los comuneros y representantes de Santa María Ostula, El Coire y Pómaro, existen dos ambiciosos proyectos que para nada les han sido consultados: el Plan Regional para el Desarrollo Turístico Integral de la Costa de Michoacán y la nueva carretera Coahuayana-Lázaro Cárdenas. Ambos proyectos, aún cuando prometen vagas ventajas económicas para las comunidades de la región, se muestran como la vía rápida para el desmantelamiento de las propiedades comunales y ejidales en la zona costera a través de la fórmula panista aterrizada en el denominado proyecto turístico nacional de asociación de ejidos y comunidades con la iniciativa pública y privada que ha convertido a la Procuraduría Agraria en una mal disfrazada agencia inmobiliaria.
En dicha tesitura, el Manifiesto de Ostula es contundente al señalar que “la impuesta Secretaría de Pueblos Indígenas de Michoacán, entre otras, ha promovido y solapado la imposición y el engaño que los malos gobiernos y las empresas realizan en nuestros territorios y específicamente en la costa de Michoacán en donde impulsan el Proyecto de Desarrollo Integral Turístico y el proyecto carretero Coahuayana-Lázaro Cárdenas, que buscan desincorporar del régimen comunal y ejidal las tierras de las comunidades indígenas y campesinas de la región…”.
Desafortunadamente el problema es más profundo y más extenso. La costa michoacana no es el único espacio donde se larva y se crece una brutal guerra exterminadora de los pueblos originarios. Participantes de Jalisco, Durango, Oaxaca, México, Chihuahua, Colima y el Distrito Federal hicieron patente dicha guerra de exterminio que se expresa fundamentalmente en la ocupación, las más de las veces ilegal, de los territorios indígenas por parte de empresas de toda índole.
Jalisco, así lo mostraron los delegados nahuas, cocas y wixáritari participantes, es modelo en la violación de los derechos y libertades fundamentales de los pueblos indígenas; ya sea imponiendo carreteras (Santa Catarina Cuexcomatitlán), proyectos turísticos (Mezcala), desarrollos mineros (Ayotitlán) o agresivos invernaderos trasnacionales (Tuxpan).
Finalmente, de cara a los cientos de indígenas muertos o desaparecidos en los últimos años por defender sus derechos, resulta elocuente lo expresado por los asistentes al evento en el denominado Pronunciamiento Sobre el Derecho a la Autodefensa Indígena en el sentido de que los pueblos originarios “tienen el derecho de organizar su autodefensa del modo que consideren conveniente en tanto no atente contra el respeto de los derechos humanos; por lo que la creación, en el marco de nuestra cultura y organización tradicional, de policías comunitarias, guardias comunales u otras formas organizativas comunales para la autodefensa indígena, son legales, legítimas y, sobre todo, necesarias frente a la profunda corrupción y descomposición de las instancias encargadas de impartir justicia.”
