Asesinato en Ocotlán; complicidad de la CEDHJ
Para Fernando López Alejandre
“A nosotros la ley de la CEDHJ y de la CNDH nos faculta y obliga a dar seguimiento a las recomendaciones que emita la CNDH, como el caso del 28 de mayo del 2004, cuando éstas sean hacia una autoridad estatal o municipal de Jalisco. Independientemente y por tratarse de un tema de mucha importancia social y de trascendencia en la historia de Jalisco”, Felipe Alvarez Cibrián, La Jornada Jalisco, 4 de diciembre de 2007.
“El gobierno de Jalisco abrirá, tres años y medio después de sucedido, una investigación para deslindar responsabilidades en torno a la detención y tortura de decenas de altermundistas que se manifestaron en Guadalajara el 28 de mayo de 2004, anunció el gobernador Emilio González Márquez, en atención a una solicitud que le hizo llegar el presidente de la CNDH”, La Jornada Jalisco, 19 de diciembre, 2007.
“Recula Felipe Alvarez Cibrián al compromiso de dar seguimiento al caso 28 de mayo: El tema del 28 de mayo no es un tema que esté dentro de nuestra agenda ni de nuestros asuntos… sería como que nosotros influyamos en lo que no nos corresponde”. La Jornada Jalisco, 6 de febrero de 2007.
El asesinato de Fernando López Alejandre no fue, desde luego, un hecho aislado. Creo, y no me equivoco, que el asunto forma parte de una larga secuela de impunidad y atropellos a las garantías individuales en los que existe demasiada complicidad. Complicidad en la que se incluye a la propia Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ).
López Alejandre –quien murió a manos de agentes de la corporación que dirigía el peligrosísimo policía Filiberto Ortiz, alias El Pinto– fue, de hecho, una víctima más de los hechos impunes del 28 de mayo del 2004.
Si la CEDHJ hubiera actuado con firmeza contra esos hechos y hubiera actuado de forma congruente contra ese tristemente célebre personaje, el asesinato de López Alejandre se hubiera evitado. Filiberto Ortiz fue señalado como uno de los más crueles, violentos e irracionales torturadores cuando fue director operativo de la Secretaría de Seguridad Pública de Guadalajara, precisamente en tiempos de Francisco Ramírez Acuña como gobernador.
Complicidad grave
El asesinato de ese joven dedicado a sus estudios y a la música, pudo haberse evitado por dos formas: primero, si Felipe Alvarez Cibrián, presidente de la CEDHJ, hubiera exigido, si no por competencia legal (aunque sí la tiene, según lo dicho por sus propias palabras), sí por autoridad moral el castigo a los delitos cometidos, entre otros, por El Pinto, contra centenares de altermundistas durante los sucesos de la III Cumbre de Jefes de Estado el 28 de mayo del 2004.
Y dos, si no hubiera negociado la dizque “macrorrecomendación” que emitió a principios del año pasado y que redactó el tercer visitador, el pri-pan-perredista Alfonso Hernández Barrón.
Como se recordará, el viernes 23 de agosto de 2007 la CEDHJ emitió primero un informe especial por los casos de violación a los derechos humanos en Ocotlán, pero después, como tratando de decir que ellos no son como la Nacional, que se queda sólo en informes, emitió una rara “macrorrecomendación” en el mes de marzo, firmada por Alvarez Cibrián y elaborada por Hernández Barrón, la 05/2008, en la que pedían que se “separara del cargo” a Filiberto Ortiz “mientras concluía la investigación administrativa”. Todo esto para sostener públicamente que las autoridades “aceptaban” la macrorrecomendación y que se daban “muestras de cumplimiento”.
La petición de la CEDHJ al alcalde de Ocotlán obedeció a la forma de trabajo que ha sido ya tradicional en ambos funcionarios, es decir, cabildear y negociar el sentido de las recomendaciones para que aparezcan “como aceptadas y cumplidas”.
Por ello, al término del procedimiento administrativo, El Pinto regresó al cargo sin mayor problema: “en los procedimientos administrativos que se llevaron con base en la recomendación de la Comisión no se encontró responsabilidad y regresa en este mes de agosto del 2008”, dijo Absalón García.
La CEDHJ pudo ser parte en ese proceso administrativo, pero no quiso hacerlo, y por tratarse de un personaje que formaba parte de los acuerdos de no tocar el caso 28 de mayo y para poder llegar al cargo de ombudsman (acuerdos a que llegó con Felipe Pulido, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, y con gente de Ramírez Acuña), Alvarez Cibrián le otorgó total impunidad a El Pinto.
Recordemos también que Alvarez Cibrián recibió en sus oficinas al gobernador y a Fernando Guzmán Pérez Peláez sin informar de qué platicaron. Poco después el ombudsman se deslinda de los sucesos del 28 de mayo de 2004.
Negociación clara
Por ello, hace unos días el visitador Alfonso Hernández Barrón, poder tras el trono, dijo: “me queda claro que la recomendación 5 del 2008 no se cumplió satisfactoriamente”. Es decir, no se cumplió satisfactoriamente porque la negociación no incluía asesinatos tan flagrantes, al menos no tan graves ni públicos.
Además, la “macrorrecomendación” de la CEDHJ fue acordada previamente con el alcalde de Ocotlán, pues innecesariamente acumuló y concentró decenas de casos, 59, en un solo expediente; todo con el fin de proteger a El Pinto para que no recibiera un alud de recomendaciones más efectivas por sí solas, y a fin de que todos los quejosos no tuvieran la oportunidad de impugnar el caso ante la CNDH, como en efecto sucedió.
Ahora los familiares de López Alejandre deberán saber que Alvarez Cibrián negociará rápidamente una indemnización urgente con el Ayuntamiento de Ocotlán, para acudir él mismo en la entrega del cheque, como lo ha hecho en otras ocasiones. Pero para exigir castigo a los responsables, nunca.
