Acusa el PRI al gobierno estatal de acarrear subejercicio de 10 mil mdp - La Jornada Jalisco
Usted está aquí: martes 28 de octubre de 2008 Política Acusa el PRI al gobierno estatal de acarrear subejercicio de 10 mil mdp

Presentó contrapropuesta para disminuir prerrogativas después de comicios

Acusa el PRI al gobierno estatal de acarrear subejercicio de 10 mil mdp

EUGENIA BARAJAS

Javier Guízar, dirigente estatal del PRI. Imagen de archivo
Javier Guízar, dirigente estatal del PRI. Imagen de archivo Foto: ARTURO CAMPOS CEDILLO

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) acusa al gobierno estatal de acarrear un subejercicio de 10 mil millones de pesos, que representan casi el 20 por ciento del presupuesto anual total del estado, y que tiene como propósito transferir sin ningún control los recursos no ejercidos al siguiente año a partidas sin control ni presupuestación. Con eso demuestran que el tema de la austeridad y falta de recursos para entregar a los partidos políticos es un engaño a la sociedad.

Por ello, la contrapropuesta que presentaron los tricolores para la reducción de las millonarias prerrogativas a los partidos políticos establece recibir la totalidad de los recursos hasta la elección y reducirlos hasta en 60 por ciento una vez concluido el proceso.

El representante del PRI ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPCEJ), José Luis Monterde, destacó las cifras, de las cuales recalcó, luego que el gobernador Emilio González les propusiera recortar los recursos apelando a la crisis económica, que “el gobernador panista no le dijo a la sociedad jalisciense que al mes de noviembre de este año acarrea un subejercicio de 10 mil millones de pesos; tampoco le dijo a los jaliscienses que, producto de la actual devaluación, ese subejercicio le significó una depreciación del poder adquisitivo de alrededor de mil 500 millones de pesos, que esa depreciación es equivalente a la construcción de 60 hospitales regionales como el que necesita el municipio de Arandas”.

Y agregó: “Tampoco le dijo a la sociedad que ese subejercicio lo hace con la finalidad de transferir sin ningún control los recursos no ejercidos al siguiente año a partidas sin control ni presupuestación”.

Por ello el PRI presentó una contrapropuesta denominada Convenio para la Conciliación Sociopolítica y la Reorientación del Gasto Público, donde para aceptar una reducción de su presupuesto asignado por las reformas a la ley electoral, el gobierno se compromete a aceptar que tiene ese subejercicio y a modificar su gasto interno.

En el apartado IX de los antecedentes del documento se estipula que de cada peso sólo se auditan 7 centavos, y de éstos, “el 20 por ciento está mal ejercido, lo que implica que más de 50 mil millones de pesos queden sin revisión y 12 mil millones de pesos en duda de legalidad”.

Monterde Ramírez explicó que en las cláusulas recalcan que el convenio tiene por objeto establecer las obligaciones de las partes respecto de la aplicación del financiamiento público otorgado a los partidos políticos por parte del gobierno del estado de Jalisco, así como el reordenamiento del Ejecutivo de su gasto interno programando la calendarización adecuada de los recursos, el ejercicio presupuestal; por tanto, evitará que el presupuesto sea utilizado para ejercer presiones a los organismos políticos.

“En la segunda cláusula, los partidos políticos aceptan modificar la fórmula de financiamiento público emitido por el IEPCEJ, misma que permanecerá igual de julio de 2008 a julio de 2009; de agosto de 2009 en adelante los partidos aceptan recibir el 25 por ciento de la fórmula actual hasta que por prorrateo se alcance la disminución correspondiente al 60 por ciento de la fórmula vigente en la Constitución del estado.

Así condicionan al Ejecutivo a disminuir en el mismo porcentaje establecido por los partidos políticos su gasto en convenciones, alimentos, bebidas alcohólicas, viáticos, pasajes, celulares, telefonía de larga distancia, publicidad, adquisición de vehículos y mobiliario, y de todas las partidas no prioritarias a partir de enero de 2009; de igual forma, a presentar iniciativa de ley en la que se le prohíba transferir los ingresos mayores a los previstos en el presupuesto respectivo, así como los recursos resultantes de subejercicios presupuestales sin la debida autorización del Congreso del Estado.

 
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