Inconformidad magisterial
Cuando se dice que un desafío crucial de México es superar las notorias deficiencias de su actual modelo educativo, hay un amplio consenso. A propósito de ello se ha desplegado un gran debate que, en amplia proporción, gira en torno a la indiscutible necesidad de incrementar los recursos económicos que el Estado destina a esta tarea prioritaria, y que la crónica restricción presupuestal que vive el país ha convertido en una cuestión siempre insatisfecha. Sin embargo, se han aportado también otros elementos de análisis que proponen tareas complementarias, necesarias también para afrontar el desafío educativo.
Durante la década de los 80 se aplicaron complejas evaluaciones internacionales para medir el nivel de la educación en diversos países. La constatación del desventajoso lugar de nuestro país en ellas terminó por impulsar en México procesos de evaluación que nos permitieran tener un diagnóstico e identificar los retos. La información que se fue recabando y analizando tiene un momento relevante en el trabajo que a principios de los 90 publicó Gilberto Guevara con el descriptivo título de La catástrofe silenciosa. En él su autor aportó datos cruciales para un diagnóstico que concluye en la urgencia de atender a la equidad, la calidad y la pertinencia de nuestra educación.
Sucesivas autoridades han pretendido responder a este reto con diversas políticas que, evidentemente, no han logrado remediar mayormente las deficiencias del sistema. Hoy el gobierno federal ha hecho una ambiciosa apuesta. Al firmar con Elba Esther Gordillo, líder [moral] del SNTE, una Alianza por la Calidad de la Educación, se comprometen a orientar trabajo y recursos a la modernización de los centros escolares, la profesionalización de maestros y autoridades, al desarrollo integral de los alumnos y a la evaluación permanente.
En las semanas recientes han sido constantes las reacciones de oposición desde distintos lugares del país. Diversos grupos impugnan la Alianza pues reclaman no haber sido consultados sobre su contenido y que se contravengan compromisos establecidos en las condiciones laborales. Pero en el núcleo del debate, aunque no siempre ha sido explícito, está el cambio de criterios de asignación de las plazas -en lugar de la antigüedad, la herencia o la venta, será un examen de conocimientos- además del planteamiento de una certificación anual del magisterio.
Que un maestro se oponga a ser evaluado, o que sostenga que la plaza que le permite trabajar y recibir una remuneración es suya y puede hacer con ella lo que mejor le parezca, resulta una postura para muchos francamente incomprensible. De ahí que algunas voces hayan aprovechado para denostar a todo el gremio con una caricatura.
Esta renuencia es expresión de una cultura corporativista y patrimonialista arraigada por generaciones; cultura que líderes sindicales y gobiernos de mucho tiempo han alentado porque es la más adecuada para la instrumentalización política del sector. Sin embargo, no sería justo dejar de reconocer la disposición generosa de muchos maestros de auténtica vocación, que en condiciones precarias cumplen con su trabajo; que aspiran a la estabilidad y que se enfrentan al hecho de que las plazas disponibles son mucho menos que quienes aspiran a ellas; que cubren “interinatos” esperando que el tiempo les permita merecer una; maestros y maestras que, a causa del magro ingreso que perciben y sin posibilidad de ahorro, supusieron que –cuando menos- podrían asegurar para sus hijos una fuente de trabajo. La puesta en marcha del ACE deja en entredicho esos planes.
Por eso, más que descalificar sumariamente a los opositores de la Alianza por lo absurdo de algunas de sus demandas, sería mejor preguntarnos qué es lo que ha ocurrido en nuestro país para que tantas personas vivan en la zozobra, para que manifiesten sin pudor su incompetencia y exijan una oportunidad para ellos y sus hijos. Entonces veremos que en ello hay una responsabilidad compartida por todos, y de manera relevante por los firmantes de la Alianza.
El indudable acierto de la estrategia contenida en el acuerdo requerirá de mucho trabajo antes de convertirse en resultados tangibles. Es legítima la duda que surge sobre las posibilidades de su éxito si consideramos que el liderazgo de Elba Esther Gordillo se construyó y se fortaleció precisamente prohijando el clientelismo y el corporativismo en el caldo de cultivo de la corrupción. No es extraño que muchos focos de resistencia al cambio sean precisamente aquellos en que esta subcultura es más vigorosa.
En cualquier caso, el futuro próximo de la educación en México está pendiente del alcance que tenga este esfuerzo interinstitucional expresado en la Alianza. Pero no deberemos esperar de ella el cambio cualitativo que coloque nuestra educación en el nivel que requerimos, pues para ello necesitaremos además hacer posible un México con más oportunidades y más fortaleza democrática.
