La propuesta calderonista, mediática; no ataca el binomio impunidad y corrupción
Castigar a secuestradores con cadena perpetua no resolverá la delincuencia
“¿De qué sirve tener un empleo bien remunerado si al salir a la calle te lo van a quitar?”, es la pregunta que hace el investigador de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Dante Haro Reyes, especialista en temas de seguridad pública e impartición de justicia.
Haro Reyes menciona, en entrevista con La Jornada Jalisco, que la propuesta del Ejecutivo Federal, en torno a la cadena perpetua para secuestradores, es una respuesta “mediática” a la sociedad, la cual “está dolida” por la inseguridad que se vive en el país.
Hechos como la muerte del joven Fernando Martí que han impactado a nivel nacional o bien, a nivel local, el asesinato de una familia en Ciudad Guzmán, no se resuelven con sanciones como la cadena perpetua, según el académico.
“Es (la cadena perpetua) una pastillita para el dolor de cabeza cuando se tiene una neumonía”, asegura el investigador universitario
-¿Cómo ves la propuesta del Ejecutivo federal en torno a un castigo como la cadena perpetua a secuestradores? ¿Qué tan factible es instaurar una medida de este tipo en el país? ¿En qué beneficia o perjudica?
-La respuesta es sobre todo desde un tipo de vista de un investigador del Sistema Nacional de Investigadores, de un académico; lo que te puedo decir es que se trata de una respuesta totalmente mediática: la sociedad está indignada por lo que pasó en los últimos días, con los últimos acontecimientos; la gota que derramó el vaso es la muerte del joven, hijo del empresario Martí. El Presidente tiene que dar una salida, una respuesta a la sociedad, la cual es de tipo mediática pues en marzo del año pasado ya había presentado ante el Legislativo, específicamente en la Cámara de Senadores, la parte que tiene que ver con una propuesta relacionada con este punto. Se trata sólo de una pastillita para el dolor de cabeza cuando se tiene una neumonía, es decir, este tipo de medidas no soluciona el endurecer las medidas penales. El gran problema que tenemos es más complejo, en el sistema de seguridad pública y penal. Hay otros factores mucho más fuertes: uno de los factores que se tienen que atacar, más que las medidas, es el binomio impunidad y corrupción. Te lo explico de la siguiente manera: el 1.7 por ciento de los delitos que se cometen es castigado, es decir, cerca de un 98 por ciento existe de impunidad; entonces el delincuente se dedica a delinquir, a extorsionar, a la delincuencia organizada, a robar, a violar pues tiene un 98 por ciento de probabilidades de no ser capturado y el endurecer las penas lo único que hace es continuar en ese 98 por ciento, cuando sólo el 1.7 es el que va a recibir ese castigo. La solución tiene que ser más efectiva en cuanto a los diferentes subsistemas de seguridad pública: la prevención, la procuración de justicia, la parte de la administración y sobre todo la readaptación social en la que estamos fallando. En la medida que se solucione esto y se tomen medidas más duras en lo que corresponde a la integración de las averiguaciones previas, a la preparación de los agentes del Ministerio Público, los juzgamientos, la impartición de justicia y sobre todo, la parte que tiene que ver con la pena, la razón de ésta, que tenga un castigo ante la sociedad. Lo que promueve el Presidente es sólo una medida mediática que no beneficiará en nada al sistema de justicia penal.
-Aquí en Jalisco, algunos actores políticos se han manifestado a favor de la medida de Calderón. El instaurar en un momento dado la cadena perpetua, ¿pudiera ser la antesala de para otras medidas como la pena de muerte?
-La sociedad está lastimada. Lo que quiere son respuestas que realmente vayan a querer sacar lo dolida que está. Hay una falta de credibilidad a las instituciones de seguridad pública por parte de la sociedad, eso es claro. Entonces, medidas como pena de muerte, primero, lesionan y lastiman a los que defendemos los derechos humanos, pero luego, critica la sociedad, que las comisiones de los derechos humanos defienden a los delincuentes. En relación a eso, las voces donde la sociedad, cansada y harta de ver tanta impunidad, corrupción, de ver cómo agarran a un delincuente y luego sale libre, empiezan, esas voces, a querer hacer justicia bajo su propia mano y eso es muy peligros. Vemos casos como, los de hace dos o tres años en Tláhuac que lincharon a unos policías, donde la sociedad civil quiere tomar justicia bajo su propia mano, lo cual es muy riesgoso. Lo que se debe hacer realmente es que se tenga un castigo a aquellos delitos de alto impacto que se están dando: en las prisiones tenemos entre un 70 y un 80 por ciento de delitos menores y que la sociedad paga con impuestos, alrededor de 160 pesos diarios por delincuente. Es algo muy complejo por que la respuesta debe ser multidisciplinaria pero es muy jugoso, políticamente hablando, decir, sí debe haber pena de muerte, sí cadena perpetua lo cual no solucionará el problema de fondo y son medidas que caen en un juego para sacar raja política de las situaciones.
Esto atenta contra los derechos humanos pero es muy redituable políticamente porque te pone de lado de la sociedad pues ésta se puede dejar llevar muy fácilmente.
-Este tipo de medidas, la cadena perpetua a plagiadores, la pena de muerte, en otros países ¿ha dado resultados?
-De ninguna manera. Por ejemplo, Turquía, un país que quiere entrar a la Unión Europea, tuvo que quitar su pena de muerte y no ha bajado su índice de delitos; Estados Unidos, que tiene estados como Texas que tiene la pena de muerte, no es algo disuasivo. Se tienen que dar otras respuestas: en la medida que el estado otorgue mejores fuentes de empleo, garantice la educación, una serie de cuestiones que tienen que ver con los valores, va a venir a bajar los índices delictivos. Con este tipo de sanciones que se proponen, se corre el riesgo que paguen justos por pecadores, porque se agotaron las instancias de una defensa justa. Yo estoy en contra de ese tipo de medidas porque no resuelven a fondo el problema.
-A nivel estatal, los hechos que se dieron en Ciudad Guzmán la semana pasada, en los que fueron asesinados miembros de una familia, se vio involucrado un agente policial, esto significa ¿limpiar las instituciones de seguridad?
-Hay una simbiosis entre la delincuencia organizada que logró penetrar ya lo que son las corporaciones de seguridad, o grupos políticos. Tiene que haber una profesionalización de los cuerpos de seguridad: el promedio de un policía es de dos años; nosotros preparamos a esos policías que luego se brincan a la delincuencia organizada. No se tiene un control estricto, primero de ingreso, para ver el mejor perfil del policía, segundo no hay preparación de ellos y tercero, luego que se van, no hay seguimiento de dónde están estas personas que de alguna manera están cualificadas y calificadas para combatir pero que se pasan al otro bando. Me atrevo a decir, que según como lo dicen algunos asesores en materia de seguridad de las Naciones Unidas, un 80 o un 90 por ciento de las mafias están penetradas por algún policía o más.
Debe haber una profesionalización del policía, un mejor salario, garantizarle una estabilidad en empleo, vivienda porque, con 4 mil pesos al mes, un policía municipal tiene que buscar otras opciones.
También debe de haber una gran participación de la sociedad civil, que denuncie porque hay una gran cifra negra; se dice que por cada secuestro denunciado, hay tres; la cifra se triplica y esto quiere decir que, al cierre del año, tendremos aproximadamente una cifra de mil 500 secuestros en el país.
-Las propuestas de cadena perpetua y de pena de muerte ¿qué garantías individuales violan?
-En los primeros 29 artículos de la Constitución Mexicana se establecen las garantías individuales: los artículo 16,17, 18,19 que tienen que ver con un proceso justo, equitativo, se verían afectados. Por ejemplo, el caso más drástico, la pena de muerte, ésta ya quedó suprimida de la Constitución, no está ni siquiera en los códigos penales. La parte de la cadena perpetua, violatorio de un artículo en especial, es la parte que tiene que ver con la libertad pero el Estado, recordemos, tiene el derecho de castigar un delito; pero yo veo que realmente esa no es la respuesta. Lo que veo tiene que ver con lo que decía: si tenemos un grado de impunidad de 98 por ciento, el meterle cadena perpetua o silla eléctrica, pues estamos hablando de que no se resuelve el problema porque sólo se castiga a un 2 por ciento aproximadamente.
-El sistema de procuración y de readaptación de justicia en el país, ¿está obsoleto para la actualidad?
-La parte que tiene que ver con la readaptación, el castigo, la pena es una falacia, la mentira más contundente que existe. Lo único que tenemos en las cárceles son bodegas humanas o universidades del crimen. Cuando una persona es delincuente primario obtiene su doctorado en crimen con una red de otros delincuentes: hace alianzas, establece contactos, una vez que sale es apto para delinquir y esto tiene que ver con que no existe una separación de los delincuentes primarios con peligrosos o los de alto impacto. Ahora con teléfonos celulares, se hacen extorsiones desde adentro. Se debe buscar una reforma integral con lo que tiene que ver la sanción del delito y la readaptación social porque en este momento es un fracaso rotundo en México y en Latinoamérica.
-Por último, ¿cómo ves las declaraciones del procurador del estado (Tomás Coronado Olmos) luego de los acontecimientos de Ciudad Guzmán, en las que dijo que las víctimas habían tenido que ver con su propio crimen por ser “ostentosos”?
-Fue criticado este tipo de declaraciones, lo importante es estar de lado de la sociedad y que se siga trabajando. Lo que menos quiere la sociedad es verse atacada en sus derechos. Y un derecho fundamental es la seguridad, sentirse tranquila. Es la demanda número uno, incluso, por arriba del empleo porque ¿de qué sirve un trabajo bien remunerado si cuando sales a la calle te lo van a quitar?
