Justicia para Ostula
En estos días el Tribunal Unitario Agrario del distrito de impartición de justicia agraria número 38, con sede en la ciudad de Colima, Colima, dictará una trascendental sentencia dentro del juicio agrario 78/04; dicha resolución pretende solucionar un histórico diferendo por tierras que existe entre la comunidad nahua de Ostula, municipio de Aquila, Michoacán, y la pequeña propiedad que se impuso en la franja occidental de su antigua propiedad comunal, lindante con el océano Pacífico, a partir de diversos actos de despojo, posteriormente legalizados, que dieron lugar a la formación del enclave mestizo de La Placita al interior de las posesiones comunales originarias de Ostula y Maquilí, este último poblado también del municipio de Aquila.
Santa María de Ostula, baluarte de la resistencia indígena en contra de las políticas liberales que una y otra vez han buscado la desamortización/desintegración de la propiedad comunal en el estado y en el país, pudo a lo largo del siglo XIX sortear tanto la política privatizadora de Melchor Ocampo como la Ley sobre el Reparto de Bienes Comunales expedida en 1851 por el gobierno del estado y la famosa Ley Lerdo (1856) que prohibió la propiedad comunal y que en 1857 fue incorporada a nuestro texto constitucional; así como la ofensiva neocolonial del porfiriato, apoyada en un discurso sumamente racista y en la circular que en 1887 dio a conocer el gobierno de Michoacán a fin de establecer con claridad la falta de personalidad jurídica de las comunidades indias, situación que imposibilitó la defensa legal de sus derechos territoriales colectivos.
En los albores de este nuevo siglo y de frente a la nueva guerra de conquista neoliberal, Ostula sigue oponiendo su raíz y su razón históricas, pues, de hecho fue la única comunidad de la costa-sierra de Michoacán que logró resistir la reciente aplicación de los programas de certificación agraria (Procede y Procecom), mismos que tienen un claro propósito desamortizador y que mutilaron, hasta ahora sólo en el papel, las propiedades correspondientes a las comunidades nahuas de Coire y Pómaro, ambas del municipio de Aquila, justamente en las franjas que poseen a lo largo del océano Pacífico.
Asimismo, Ostula ha rechazado una y otra vez la “regularización” de las zonas de playa por parte de la Comisión Nacional del Agua, en tanto que dicha “regularización” implica la consolidación de un régimen de concesiones individuales que fragmentaría la propiedad y posesión comunales de la línea costera. Dicha comunidad ha desdeñado las tramposas ofertas que le han lanzado diversas empresas mineras para explotar sus territorios, un hecho nada pequeño si observamos cómo la poderosa trasnacional Hylsa-Ternium ha destruido y sigue destruyendo en forma irreparable las tierras y aguas de la vecina comunidad de Aquila.
Santa María de Ostula obtuvo el reconocimiento y titulación legal sobre una superficie comunal de 19 mil 32 hectáreas a través de la resolución presidencial del 27 de octubre de 1961; por medio de dicha resolución también fue convalidada la existencia de seis pequeños propietarios de La Placita y su colindancia, por el lado oeste, con los terrenos comunales reconocidos a favor de Ostula. Las tierras ocupadas por los pequeños propietarios de La Placita en realidad correspondían a la antigua propiedad comunal de Ostula, por lo menos así lo establecen los viejos títulos primordiales de la comunidad.
Como ha ocurrido en otros casos, a través de los años el despojo legalizado se convirtió en colosal atraco y, sin mediar explicación alguna, las escrituras de algunos pequeños propietarios se “estiraron” en la medida en que las tierras en disputa aumentaron su valor, pues, amén de que son atravesadas por la carretera de la costa, lindan con una de las playas más grandes de la zona, misma que sirve como puerta de entrada hacia las codiciadas tierras y costas comunales de Ostula, Coire y Pómaro.
Según informes rendidos por peritos adscritos a la Secretaría de la Reforma Agraria y a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, los pequeños propietarios han invadido más de 700 hectáreas correspondientes a las tierras tituladas a favor de Ostula. Según el decir de los comuneros nahuas la invasión es superior a las mil 200 hectáreas si se toma en consideración, no la resolución presidencial de 1961, sino los antiguos títulos primordiales.
Por su parte, los pequeños propietarios, apoyados en dos peritajes más que deficientes, afirman ser legítimos propietarios de todas las tierras que amparan sus escrituras.
Del lado de los gobiernos federal y estatal la única respuesta es el silencio, mientras tanto los pequeños propietarios realizan cuantiosas obras en los terrenos disputados a despecho de la prohibición que existe para que las partes ejerzan posesión sobre las tierras materia de controversia; prohibición que por cierto el gobierno ha hecho valedera, incluso con el uso de la fuerza pública, únicamente para el caso de la comunidad de Ostula.
Debido a las tensiones que durante años se han acumulado en la región costa-sierra, al alto grado de violencia que prevalece en la zona y a los múltiples agravios cometidos en contra de las comunidades indígenas del estado, para todos debe estar claro que el asunto es de la mayor gravedad. Una resolución judicial que desconozca los derechos históricos de la comunidad nahua de Ostula podría acarrear consecuencias fatales, pues, una mayoría de comuneros nada despreciable alberga grandes dudas sobre la respuesta positiva que pueda otorgarles un aparato legal que históricamente ha escamoteado sus derechos.
Del lado contrario, una resolución que afirme sus derechos, tantas veces negados, es la única base posible, tanto para la estabilidad y el desarrollo regionales, como para la protección de la costa nahua michoacana, patrimonio invaluable de sus propietarios originarios y de la nación en su conjunto de frente a la rapacidad de los grandes intereses empresariales nacionales y trasnacionales que han devorado las playas y esteros de los vecinos estados y del propio Michoacán en aquellas regiones que no son indígenas.
