Citó a declarar a los empleados que laboraban con el ex subprocurador C Víctor Landeros
Analiza la PGJE si la denuncia por violación a una menor fue alterada para involucrar a Coronado
El área de Visitaduría de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) citó a declarar a todos los trabajadores implicados en la denuncia que integró el ex subprocurador C, Víctor Manuel Landeros Arvizu, donde involucra al fiscal estatal, Tomás Coronado Olmos, en actos de corrupción de menores, para determinar si la querella que presentó la afectada fue alterada en su integración.
Por su parte, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ) se encuentra en el periodo probatorio de pruebas aportadas, para la queja que sigue de oficio por la denuncia de violaciones a los derechos humanos en el caso de pederastia.
Desde hace semanas, la ministerio público del Area de Visitaduría de la Subprocuraduría B de la PGJE, Blanca Barrón, se dio a la tarea de tomar declaración a los empleados que laboraron al lado del ex subprocurador el día 30 de agosto del año en curso y que fueron testigos directos o indirectos de la toma de declaración de la madre y la joven que denunciaron al director de Alumbrado Público tapatío, Martín Aguirre Aguirre, por abuso sexual, y en donde se presume se armó la acusación donde se vincula a Coronado Olmos.
Blanca Barrón citó al menos a siete personas que aparecen en los videos de las cámaras de seguridad que tiene el edificio, cintas a las que La Jornada Jalisco tuvo acceso, y en las que se aprecia minuto a minuto los movimientos tanto de Landeros Arvizu como del ministerio público Marco Antonio Chávez Villegas y Luis Roberto Martínez Aviña, como de la llegada de las dos quejosas, quienes durante siete horas estuvieron en las instalaciones para que les tomaran la declaración sobre la denuncia que presentaron.
Según fuentes de la Procuraduría, ese día Chávez Villegas y Landeros Arvizu alteraron la denuncia original de la adolescente y se anexaron datos falsos en los que se involucró al fiscal estatal en los actos de corrupción de menores sucedidos en una granja el 25 de abril pasado, donde se levantó el acta número 010935/2007039-P24 de la Agencia 24/C receptora.
En la averiguación que lleva el área de Visitaduría y en la declaración del actuario Roberto Martínez Aviña, se menciona que lo obligaron a firmar el acta por órdenes superiores, dando fe de hechos que no le fueron consignados por las dos agraviadas, sino que fueron redactados por Marco Antonio Chávez Villegas en contubernio con el entonces subprocurador, testimonio que se respalda con las constantes entradas y salidas del ministerio público de la oficina de Landeros hacia el cubículo donde se encontraban las dos mujeres.
Otro de los citados a declarar fue el ministerio público Adolfo Reynoso Velázquez, quien declaró que no firmó las dos denuncias, de la madre y la hija, al considerar que lo que se estaba asentando en actas no correspondía con las declaraciones de las víctimas; sin embargo, en la queja de la madre sí aparece al calce la firma del ministerio en cuestión.
Con las declaraciones de los testigos se integró la averiguación previa que, por cierto, solicitó copia y ya la tiene, la CEDHJ, como parte de la queja 2193/2007 que abrió de oficio por los señalamientos en contra de los dos funcionarios estatales, según informó el segundo visitador, Arturo Martínez Madrigal.
“De momento se encuentra en la etapa probatoria de la información y ya tenemos la copia de la averiguación previa de Visitaduría de la Procuraduría donde se señalan diversas irregularidades en la integración de la denuncia en contra de Tomás Coronado y de Martín Aguirre Aguirre”, señaló Barrón.
